El gobierno de la Generalitat ha anunciado este martes que empezará los trámites para expropiar hasta 189 viviendas vacías propiedad de grandes tenedores para destinarlos a alquiler social. El funcionamiento de estas expropiaciones se iniciará con un requerimiento de la Generalitat a los propietarios para que acrediten que su piso no está desocupado y, si no lo pueden hacer, se iniciará un proceso de negociación porque los destinen a alquiler social. Solo será en última instancia cuando se optará por la expropiación forzosa de las viviendas en cuestión. El Gobierno espera poder disponer de las primeras viviendas a partir de 2024.
Según el acuerdo del Consejo Ejecutivo, la Generalitat dispondrá de unos cinco millones de euros destinados a las expropiaciones. Este total supone la posibilidad de expropiar entre 50 y 70 viviendas para destinarlos a alquiler social. Ahora bien, no se descarta acogerse a una nueva línea de crédito para aumentar esta cifra.
Bancos y fondos de inversión, los principales objetivos
Una de las grandes dudas de este método siempre es quien son los propietarios de estas viviendas. En este caso, la Generalitat ha informado que la gran mayoría de las viviendas pertenecen en bancos y fondos de inversión y provienen de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago. Aun así, el Govern ha declinado especificar la identidad de los tenedores.
Los 14 municipios donde se han detectado estos primeros 189 viviendas son Cornellà, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. Son las localidades con fuerte demanda acreditada de vivienda social que respondieron al ofrecimiento de la Generalitat a 45 municipios para adherirse a un convenio para detectar y registrar los pisos vacíos. En este sentido, el Gobierno espera que esta iniciativa suponga un efecto multiplicador y el resto de localidades se vayan añadiendo. En todo Cataluña, constan 31.198 viviendas vacías, incluyendo los de Barcelona, que tiene una mesa de vivienda propia; y hay 1.800 casos a las mesas de emergencia. Para detectar los pisos vacíos, se creen datos como el padrón y los consumos y también se hace una inspección física.
No se expropiará directamente
Las expropiaciones no se harán de manera masiva, sino que los pisos se elegirán del registro de viviendas vacías y una vez se haya detectado que hace dos años que no son habitados. En este momento, se hará un requerimiento al propietario para que en el plazo de un mes acredite que no está desocupado. Si certifica que está ocupado o que por ejemplo está en el mercado de alquiler ordinario, el expediente quedará cerrado.
En caso contrario, se abrirá un periodo de tres meses para cerrar un acuerdo entre las partes sobre el destino de la vivienda. Una de las opciones es que el propietario y la administración lleguen a un entendimiento para destinarlo a alquiler social para los colectivos con vulnerabilidad acreditada. En este caso, la duración de los contratos son los que establece la LAU: de siete años si son de personas jurídicas y cinco si son de personas físicas. Finalmente, pero, si después de los tres meses no se cierra un acuerdo, el proceso de expropiación saldrá adelante y pasarán en manos de la Generalitat después de abonar una cantidad equivalente al valor catastral a la Caja General de Depósitos a disposición del propietario.
