La Agencia Catalana de Consumo ha multado a 79 fondos buitre e inmobiliarias por no ofrecer un alquiler social a personas y familias vulnerables, según ha explicado este viernes el consejero de Empresa, Roger Torrent, acompañado del director de Consumo, Albert Melià,. Torrent ha hecho balance del primer año del programa para vigilar el cumplimiento de la ley catalana de vivienda y ha explicado que se han puesto 246 multas con un valor conjunto de más de seis millones de euros, aunque ha matizado que hay dos empresas que acumulan la mitad de las sanciones.
La Generalitat abre expedientes a las inmobiliarias consideradas grandes tenedores por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento con un alquiler social antes de iniciar los trámites de desahucio. “Es un esfuerzo específico para luchar contra las situaciones de abuso que vulneran el derecho a la vivienda”, ha afirmado Torrent. Este tipo de infracciones se consideran graves, según la Ley del Código de Consumo de Cataluña y pueden comportar una multa de hasta 30.000 euros por cada expediente.
Según ha revelado Melià, Divarian, propiedad del fondo buitre Cerberus, acumular 423 expedientes abiertos. Detrás está Promontoria Coliseum Real Estate, con 221, y el BBVA con 87. Coral Hombres, con 74 expedientes, y Gramina Hombres, con 44, cierran la lista de las cinco inmobiliarias con más expedientes.
Un nuevo programa contra los abusos inmobiliarios
“Estos datos son el resultado de la implantación en enero de 2023 de este programa de refuerzo que posibilitó la incorporación de 19 profesionales en los servicios de la Agencia Catalana del Consumo”, ha dicho el consejero. “Una actuación que ha permitido incrementar de manera exponencial la actividad de la Agencia en este ámbito, multiplicando casi por ocho las actuaciones de control respecto al total que se había hecho con anterioridad a su implantación, haciendo aflorar incumplimientos y actitudes persistentes que hay que erradicar”.
Desde la puesta en marcha del programa, la Agencia Catalana de Consumo ha hecho más de 1.600 inspecciones, un 779% más que en 2020, cuando solo realizó 183. En cuanto a los expedientes sancionadores, la Generalitat ha abierto 1.047, un 600% más que entre 2020 y 2022. Con el nuevo programa se han impuesto 168 sanciones, un 115% más que antes de su implantación.
Medidas complementarias: más allá de las multas
El director de Consumo, Albert Melià, ha explicado que, para añadir más presión a las inmobiliarias, en especial las más incumplidoras, hace casi un año la agencia incorpora en todos los expedientes sancionadores por incumplimientos relacionados con la obligación de ofrecer alquiler social, una sanción accesoria de publicidad”, que permite hacer difusión de la multa cuando esta acontece firme. De momento, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado once sanciones firmes.
