La Generalitat y la Sareb negocian desde hace meses la compra del lote de vivienda más grande que se ha concretado en una comunidad autónoma. Según ha avanzado
En la carta a la ministra, Fernández ha mostrado su «desazón» respecto de los planes anunciados por Pedro Sánchez de poner 50.000 pisos de la cartera del banco malo a disposición de las administraciones públicas de todo el Estado –un movimiento que tendría especial incidencia en Cataluña–. El titular de territorio rechaza que la aplicación de la medida se concrete «mediante acuerdo del consejo de ministros», y no esté a disposición de las administraciones territoriales. La Generalitat, argumenta el consejero, tiene que tener a su alcance la totalidad del patrimonio del banco a territorio catalán «no solo para aumentar el reducido parque de vivienda social sino también como mecanismo de retorno a la sociedad del capital aportado por los ciudadanos».
Convergencias tensas
Según la misiva enviada por Fernández, los horizontes de Moncloa y Generalitat son los mismos: la «necesidad de aumentar el parque de vivienda social» en Cataluña y en el conjunto del Estado, sustancialmente inferior que en los mercados europeos homologables. Aun así, la posición catalana rechaza «cualquier medida adoptada forzosamente», como por ejemplo las 50.000 viviendas de Sánchez. La política de vivienda, en un contexto de crisis habitacional, tiene que ser «también compartida y consensuada». Destaca, además, que el parque público de vivienda tiene que ser gestionado desde el territorio –»por la Generalitat junto con las administraciones locales»–.
Dudas desde Territorio
El anuncio de Pedro Sánchez y las medidas adoptadas al Consejo de Ministros todavía no se han concretado. Así, desde el Departamento aseguran que desconocen la distribución territorial de las 21.000 viviendas que se pondrán a disposición de las administraciones, ni de los 14.000 ya ocupados que pasarían a un régimen de alquiler social. Todo y las negociaciones, consultados por lo
