La Generalitat ha planteado un cambio en su política patrimonial para «reorientar» los inmuebles que ocupa hacia la propiedad. El ejecutivo ha anunciado este lunes la intención de «recuperar la titularidad» de los edificios y espacios donde trabaja, la mayoría de los cuales ocupa actualmente con contrato de alquiler. La consejera de Economía, Natàlia Mas Guix, lo ha anunciado esta mañana en una comparecencia en que ha asegurado que el proceso se realizará «de forma gradual», y se comenzará una vez finalicen los contratos de arrendamiento todavía vigentes -pero de una vida ya corta, en cuanto que para el fin de estos acuerdos la administración catalana ya prevé cerca de 11.000 trabajadores hasta el 2037-.
La línea de inversión -el montante de la cual todavía no se ha concretado, si bien desde el Gobierno esperan amortizarla en la práctica totalidad en poco más de dos décadas- se dedicará no solo, según ha informado la consejera, a la recuperación de la propiedad de los inmuebles, sino también a su adaptación para «equipararlos a la actual manera de trabajar de la administración». La operación responde, según ha declarado la consejera en su comparecencia este mismo lunes, en la busca de seguridad en la estancia de la Generalitat en los espacios de trabajo que ocupa. «Esta decisión, si no la tomamos ahora y lo hacemos dentro de unos años, llegaremos tarde», ha declarado el director general de Patrimonio Josep Maria Aguirre.
Nuevo edificio
Más allá de la recompra de inmuebles, la Generalitat ha anunciado la construcción de la nueva torre de oficinas a la Fira Gran Via, con capacidad para acoger unos 1.200 trabajadores a partir del año 2027, cuando el edificio estará preparado para la plena operación. La Generalitat será la titular mayoritaria del edificio, que estará situado junto al futuro Pavelló Zero del recinto ferial del Hospitalet. Para este proyecto sí que se han anunciado cifras concretas de inversión: unos 68 millones de euros, dedicados también a la adaptación de las ubicaciones elegidas, según ha explicado Aguirre. El nuevo edificio propiedad del ejecutivo catalán es, así «la primera de las operaciones» en la nueva línea de actuación patrimonial del Gobierno. Con el conjunto del procedimiento, según ha anunciado la consejera de Economía, la Generalitat pasará a ser titular del 68% de la superficie que ocupan sus oficinas, más del triple del 22% con el que cuenta en cartera actualmente -un giro de «180 grados» a la aproximación al patrimonio, en cuanto que actualmente alquila el 63% de la superficie que ocupa-.
Estabilidad patrimonial
La situación que el Gobierno mira de revertir con este cambio de política patrimonial tiene su origen a principios de la década pasada, a partir del 2011, cuando, a raíz de la crisis financiera, opta por una política de ventas mediante la cual se deshace de 40 inmuebles en propiedad -algunos de ellos, justo es decir, todavía ocupados por trabajadores públicos, si bien en régimen de alquiler-. El nuevo modelo, según Mas Tiza, «implicará recuperar una posición patrimonial fuerte y ganancias de eficiencia mediante tanto el ahorro económico como la reducción de riesgos e incertidumbres» ante un «volátil» mercado del alquiler; con un asociado ahorro económico. «El coste directo de los arrendamientos disminuirá, y los costes indirectos de los servicios de los inmuebles también, gracias a la optimización y transformación de los espacios», contempla la consejera.
