La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) afloró 286 millones de euros procedentes del fraude fiscal en 2023, un 2,7% menos que el año anterior. De este modo, la cifra se modera en comparación a 2022 y consigue localizarse «por debajo» la media europea, según ha destacado la consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas. Aun así, los datos se extraen solo del 9% de los impuestos que gestiona la Generalitat. De datos presentados este jueves, destaca que el 42% del fraude fiscal detectado procedió del impuesto de sucesiones y donaciones, con 121 millones de euros.
Mas ha confirmado en la rueda de prensa de esta mañana que la lucha contra el fraude fiscal permite financiar los servicios públicos catalanes. En este sentido, la consejera ha recordado que el actual plan contra el fraude fiscal contempla un total de 68 acciones además de las inspecciones. En concreto, en 2023, el ATC realizó 200 requerimientos por cambios de residencia ficticios -principalmente hacia Madrid-, que supusieron nueve propuestas de cambio de residencia y 27 liquidaciones por deslocalización ficticia, y se afloraron 12 millones. Por otro lado, la secretaria de Hacienda de la Generalitat, Marta Espasa ha explicado que el número de actuaciones aumentó un 7% interanual el año pasado, hasta 54.544, a través de las áreas de inspección, gestión y recaudación de la ATC.

Los procedimientos más destacados
En las cifras que ha presentado el Govern se comprueba como la estafa fiscal más prominente es la del impuesto de sucesiones y donaciones, puesto que aglutina casi la mitad del fraude registrado. En concreto, el 42% del fraude fiscal detectado procedió de este impuesto, con 121 millones de euros, mientras que 84 millones procedieron del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (Itpajd) y 76 millones, del impuesto de patrimonio. Por actuaciones, el Itpajd agrupó el 56% de las inspecciones, seguido de los tributos propios (16%), sucesiones y donaciones (16%) y patrimonio (1%).