La Comisión Europea abronca doblemente el Estado español. Bruselas ha llamado la atención a las autoridades españolas por su negligencia en dos aspectos clave de la gestión económica: la protección de los usuarios financieros y la renovación del mercado de trabajo. Este mismo jueves, el ejecutivo comunitario ha abierto un proceso de sanción contra España por la despaciosidad a trasponer la nueva directiva sobre contratación de servicios financieros en línea. Se trata de una norma que busca reforzar la «transparencia contractual» por parte de las entidades financieras que buscan atraer nuevos clientes mediante sus canales digitales. En este caso, la fecha tope para adaptar a la normativa de los estados miembro la nueva directriz de Bruselas era el pasado 29 de diciembre, día en el cual Moncloa tendría que haber notificado a las autoridades de la UE el aterrizaje regulador de la nueva protección.
Más allá de la directiva de contratación de servicios en línea, Bruselas ha puesto sobre la mesa una nueva indicación en cuanto a los préstamos dudosos, que garantiza que las condiciones pactadas entre las partes firmantes de un crédito se mantengan a pesar de la transferencia de derechos del acreedor. La directiva, que servirá también para reforzar la transparencia con el acreedor y la protección de los consumidores que necesiten aplazar plazos de pago de una deuda. En ambos casos, Bruselas explora una sanción sobre el Estado por la carencia de adaptación a las órdenes del ejecutivo europeo.
Atracción de talento
Por otro lado, la Comisión ha abierto también un proceso de infracción contra el Estado por la carencia de adaptación a las medidas para atraer nuevo talento en profesiones altamente cualificadas. Cómo en el caso anterior, Bruselas afea las autoridades españolas por no haber adaptado su regulación a las órdenes comunitarias, con un plazo que expiraba el pasado 18 de noviembre. La conocida como directiva de Tarjeta Azul flexibiliza las normas de admisión a los países miembros de la UE para trabajadores altamente cualificados de países terceros. Así, profesionales en sectores estratégicos de alta demanda se puedan mover por los principales mercados de la UE.
