La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) se ha aliado con el PP para llevar la nueva ley de viviendas turísticas al Tribunal Constitucional. Tal como ha explicado la patronal, ven que la normativa incide en los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos constitucionalmente. En concreto, el recurso indica que la ley vulnera el principio de seguridad jurídica y es «materialmente expropiatoria». «Además, el turismo y su crecimiento no es un fenómeno nuevo, por lo tanto, se hace difícil de asumir que necesite una inmediata y urgente respuesta normativa», ha destacado. En otras palabras, la federación ha argumentado que no es la manera de solucionar el problema de la vivienda, puesto que los pisos turísticos no están pensados para vivir de manera permanente.
Desde Federatur han explicado que la norma supone un agravio comparativo entre municipios porque se fija una lista de 262 localidades donde esta actividad quedará más restringida. «La definición de los requisitos para estar en esta lista son imprecisos y están exentos de criterios técnicos» ha afirmado el presidente de la patronal, David Riba. «Si el municipio donde tengo mi actividad económica se encuentra incluido en esta lista, se me aplica el régimen jurídico restrictivo y limitativo; si el municipio no está incluido no se aplica este régimen. Parece una lotería», ha añadido. Es por eso, que la patronal ha recurrido al TC -de la mano del PP- para intentar buscar la manera de no cumplir con la nueva medida.
La patronal no pierde la esperanza con el Govern
A pesar de acudir al TC para intentar tumbar la norma, desde Federatur han apuntado que continúan «a disposición del Govern» y de todas las administraciones para dialogar. De este modo, ellos mismos han decidido recurrir al tribunal porque de momento no ha habido jefa otra salida, pero no descartan continuar trabajando con las administraciones públicas para encontrar una regulación más adecuada por todas las partes afectadas. Así mismo, también han recordado que su sector representa el 39,4% del total de plazas de alojamiento turístico del territorio, genera más de 25.000 puestos de trabajo y tiene un impacto económico de 21.000 millones de euros.
