Una de las mayores exigencias de la Comisión Europea en España es la reducción del déficit. Este jueves no ha sido una excepción y Bruselas ha exigido en España que su gasto público se incremente como máximo un 2,6% el 2024 por, en efecto, garantizar la reducción del déficit. Así lo ha indicado este miércoles en el documento que publica anualmente y que contiene varias recomendaciones para cada estado miembro para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para lograr los objetivos de deuda y déficit, Bruselas ha pedido en el Estado un ajuste presupuestario del 0,7% del PIB, un porcentaje que equivale a unos 9.300 millones de euros.
Las recomendaciones emitidas este miércoles van encaminadas a qué España sitúe sus niveles de déficit público por debajo el 3% y que la deuda pública se reduzca de forma progresiva a medio plazo, con el objetivo de bajarlo hasta el 60% del PIB. Actualmente, pero esta deuda se sitúa en su máximo histórico, superando los 1,52 billones de euros.
¿Qué tiene que cumplir el estado para conseguirlo?
En el documento, la Comisión Europea no solo establece para el Estado este incremento máximo del gasto del 2,6%, sino que enumera diferentes medidas para que el gobierno español cumpla con la recomendación. Aun así, el ejecutivo de Pedro Sánchez contempla un incremento del gasto sobre el 1,4%, con lo cual España cumpliría con el objetivo.
En las recomendaciones del ejecutivo comunitario que tienen que llevar a la contención del gasto y, por lo tanto, a la reducción del déficit público, se contempla la eliminación progresiva de las medidas de apoyo energético para evitar un aumento desmesurado de las facturas de la luz al país. Según la Comisión Europea, estas medidas tendrían que desaparecer a lo largo de este año 2023. Ahora bien, desde Europa contemplan que los precios vuelvan a aumentar desmesuradamente, pero reclaman que si se diera el caso, las ayudas tendrían que ir destinadas solo a las familias y las empresas más vulnerables.
Más allá de la eliminación de las medidas energéticas, la Comisión Europea también recomienda en España que acelere el despliegue de energías renovables, duplicando la potencia instalada de energía eólica y solar de aquí al 2030. En relación con este punto, el ejecutivo comunitario pide acelerar la tramitación de solicitudes de proyectos de energía renovables, más coordinación entre las diferentes administraciones y también mejorar el nivel de interconexionado eléctrico.
Más trabajadores públicos
Aparte de una mayor apuesta por la transición energética, Bruselas también ha pedido en España que dote la administración pública de «capacidad suficiente» para implementar el plan de recuperación y resiliencia. «Si bien España es uno de los estados miembros más avanzados en la implementación del plan, esto tendría que ir acompañado de una capacidad administrativa suficiente para asegurar una absorción efectiva y eficiente del plan», replican desde Bruselas.
En paralelo, Bruselas pose de manifiesto la «carencia» de mano de obra en el Estado en sectores «clave» para la transformación económica y pide la introducción de nuevas medidas para adaptar la oferta educativa a las nuevas realidades.
