El estado español ha pactado con la Comisión Europea que las empresas públicas -aquellas que dependen de los ministerios- puedan ejecutar los fondos europeos más tarde el previsto. De este modo, el estado ha encontrado la manera de esquivar el límite que obliga a concluir los proyectos en 2026. En concreto, en los tres años próximos habrá suficientes con decidir la estrategia de inversión y podrá quedar pendiente la operativa. Es decir, que «el que quede para hacer sea ejecutar y no decidir», apuntan fuentes del Ministerio de Industria en unas declaraciones que ha recogido la
Lo el pasado lunes la Comisión Europea confirmó la aprobación de la adenda al Plano de Recuperación remitido por España, de la cual depende el desembolso de fondos europeos. Después de esta aprobación, ahora el ejecutivo estatal se prepara para pedir la cuarta remesa. La aprobación de esta extensión no solo amplía en 94.000 millones los fondos, sino que facilita su gestión. Una de las partes más importantes de estas negociaciones ha sido el alargamiento de la ejecución del capital de Europa. Es decir, se podrá alargar la ejecución de estos fondos, la gran mayoría de los cuales son préstamos, sin que la gestión sea directamente por parte de los ministerios, sino de empresas públicas vinculadas como la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) o el Instituto por la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) o el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) o Red.es.

Una redimensión pública necesaria
En el caso de Enisa, que hasta ahora estaba dedicada exclusivamente al impulso de pymes y start-ups, esta decisión los obliga a modificar su estatus jurídico de sociedad mercantil a empresa pública y a redimensionarse. Esta organización gestionará los fondos de tres proyectos estratégicos para la transformación y la resiliencia (Perte): el del vehículo eléctrico y conectado, con 1.250 millones de euros, de los cuales 1.000 son préstamos; el de descarbonización, con 1.480 millones, de los cuales 1.050 son créditos y del agroalimentario con 200 millones que se dividirán en tres tramos.
Los Perte para la primavera de 2024
El Ministerio de Industria prevé que las nuevas convocatorias del Perte VEC y de descarbonización no lleguen hasta que no haya pasado la primera mitad del año 2024. Además, también constituirán un fondo de 303 millones de euros para continuar con su trabajo habitual, la financiación de start-ups y desvincular la actividad de los límites presupuestarios que obligan a aprobar las líneas año a año. Desde Enisa apuntan que esta decisión es una señal que «la transformación que se pide a las empresas también lo tiene que hacer la administración».