Pedro Sánchez salva en el último momento una situación crítica en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Tras tres horas de receso, el gobierno español ha alcanzado con las izquierdas soberanistas -ERC, BNG y EH Bildu- un pacto para sacar adelante el proyecto de ley del impuesto complementario a las multinacionales, la transposición de una directiva europea obligatoria para Moncloa. A cambio, según un comunicado conjunto que las tres formaciones han hecho público esta misma noche, el ejecutivo del Estado se compromete a prorrogar el impuesto a las energéticas vía decreto ley. El gravamen, que había caído a raíz de la negativa de Junts y el Partido Nacionalista Vasco animada por las amenazas de Repsol de retirar inversiones en Tarragona y Bilbao, se mantendrá vigente un año más, durante todo 2025, según han confirmado los partidos impulsores. El acuerdo supone un giro de 180 grados del Partido Socialista, después de dejar caer durante la tarde enmiendas de sus socios de investidura para hacer permanente el tipo impositivo.
Las concesiones por parte de Moncloa, cabe decir, eran obligadas. La transposición de la directiva europea es obligatoria. De hecho, tenía como fecha límite de aplicación el 31 de diciembre de 2023. El retraso ha provocado que la Comisión Europea haya llegado a llevar al Estado ante el TJUE por su inoperancia al respecto; y ha dejado en vilo el aterrizaje de hasta 11.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. La aprobación vía decreto ley supone romper el acuerdo con Junts, que había reclamado dejar morir el gravamen -como estaba previsto para el próximo 31 de diciembre- debido a las posibles pérdidas de inversiones en el complejo petroquímico de Tarragona por parte de Repsol.

El impuesto a la banca, también en el paquete
Más allá del acuerdo por el impuesto a las energéticas, ERC, BNG y Bildu han conseguido también mantener el impuesto a la banca, que había caído durante la caótica comisión de Hacienda de este lunes. A diferencia del anterior, la tasa sobre las entidades financieras pasará por el pleno del Congreso el próximo jueves. Las izquierdas soberanistas buscan asegurarse el apoyo de PNV y Junts acordando «dirigir toda la recaudación» a las administraciones territoriales; así como «concertar con las haciendas forales» del País Vasco y Navarra la recaudación, tal como exigían los jeltzale. Con todo sobre la mesa, las tres formaciones «celebran que se pueda haber llegado a un acuerdo equilibrado».
El acuerdo, aseguran, «permite continuar avanzando hacia la progresividad fiscal». Cabe decir, sin embargo, que sin el apoyo explícito de las otras formaciones catalanas y vascas, las cifras aún no dan, y Moncloa continúa arriesgándose a perder nuevas votaciones clave en el pleno de la cámara baja. Así, los aliados de investidura instan a Sánchez a «trabajar desde hoy los apoyos necesarios» para convalidar el decreto ley y aprobar la nueva norma «tan pronto como se pueda». Ahora bien, desde Podemos ya han apuntado que las mayorías, por ahora, no están garantizadas. En una publicación en su cuenta de X, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha alertado que el acuerdo es «papel mojado» si no se garantiza el apoyo de Junts per Catalunya.