El Gobierno considera el de 2026, según han indicado fuentes del departamento de Economía, «el presupuesto de las inversiones». El 2025 ha dejado un saldo corriente de 2.475 millones de euros. Es decir, la ejecución de partidas de gasto ha quedado cerca de 2.500 millones por debajo de unos ingresos corrientes disparados gracias a los adelantos del modelo de financiación y a un incremento sustancial en los impuestos propios y cedidos; lo que permite, según estas mismas fuentes, «dedicar más recursos a las inversiones» por primera vez en más de una década y media. Las cuentas presentadas este viernes por la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, proponen un gasto de capital de 4.146 millones de euros, ligeramente por encima de lo que se presupuestó en 2023, que se quedó cerca de los 4.000 millones si se tiene en cuenta el impacto de los fondos Next Generation. Si se descuentan los programas europeos de recuperación y resiliencia, sin embargo, el aumento es de un 45%. La ratio se mantiene respecto de los siguientes dos cursos, con las cuentas prorrogadas. En total, la previsión de gasto en inversiones es la más elevada desde 2010, aún bajo el segundo tripartito; y estará centrada en las áreas de infraestructuras, salud y educación.
Según consta en la presentación de cuentas, la partida que más recibirá en cuanto a inversiones será el transporte público. Las infraestructuras ferroviarias catalanas recibirán una financiación directa de unos 526 millones de euros, con diferencia el paquete más relevante. A estos habría que añadir los 306 millones que emitirá la Generalitat para el mantenimiento, la mejora y la construcción de carreteras, en un momento de especial crisis en el transporte vial del Principado. De acuerdo con el documento, la principal operación en el ámbito de la red ferroviaria será la prolongación de la conexión de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al tramo Llobregat-Anoia, con un coste de 101,4 millones de euros. Similar será el paquete presupuestario que se destinará a la construcción del tranvía Cambrils-Vila-seca, en Tarragona, con un coste de unos 101,2 millones de euros. A estas dos cantidades se suman los 50,3 millones de euros dedicados al material de la línea del Aeropuerto del Prat, también dependiente de FGC.
En cuanto al ámbito de las carreteras, el Gobierno ha anunciado un paquete cercano a los 167 millones de euros dedicados a «actuaciones para la conservación y mejora de la seguridad de la red vial». La operación se ejecutará en un momento crítico para las carreteras catalanas: según un reciente informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera, el Estado debería invertir cerca de 1.000 millones de euros en las infraestructuras viales de las que es titular para mejorar su estado, cada vez más degradado. La financiación de las carreteras es uno de los principales puntos de contención en la sociedad civil y en el mundo económico del país en los últimos meses, especialmente desde el colapso de la AP-7, causado por el accidente en Gelida. El malestar de la sociedad civil ha llegado hasta el punto que entidades de la talla del RACC ya han solicitado abiertamente el traspaso a la Generalitat de la gestión de las autopistas que permanecen bajo el paraguas del Ministerio, tal como se acordó con el gobierno vasco en 2020.
Salud y educación
Aunque quedan por debajo del capex en infraestructuras, los departamentos centrales del estado del bienestar -salud y educación- también deberán ejecutar inversiones importantes, en ambos casos por encima de los 300 millones de euros. En concreto, la sanidad catalana recibirá financiación por valor de 365,7 millones de euros. La más importante será la «transformación global» del hospital tarraconense Joan XXIII, a la que se dedicarán más de 54 millones de euros. La remodelación del Clínic, en Barcelona, rozará los 24 millones de euros; mientras que la expansión del Verge de la Cinta, en Tortosa, costará unos 17,8 millones. A la lista se añaden proyectos de mejora en el Josep Trueta, en Girona, por poco más de 14 millones de euros, y la ampliación del Arnau de Vilanova, en Lleida, que movilizará cerca de 7 millones de euros.
A estos proyectos se suman unos 100 millones de euros dedicados a ampliaciones y renovaciones de residencias y centros de día públicos; así como la construcción de nuevos equipamientos donde sean necesarios. Entre otros proyectos, se espera iniciar la edificación de dos nuevos espacios en Sabadell, por unos 13 millones de euros, y en Barcelona -en la calle Benavent, según ha especificado el departamento- por unos 11,1 millones. Por otro lado, el paquete de 314 millones para proyectos educativos dejará unos 41 millones para nuevas escuelas e institutos en todo el territorio y otros cerca de 30 millones dedicados a ampliar una veintena de centros educativos catalanes; así como 133 millones adicionales dedicados a la «reforma, mejora y adecuación» de equipamientos.
