Un «endurecimiento de las leyes», eso es lo que reclama el Gremi de la Pagesia Catalana -también conocido como Revolta Pagesa- ante los problemas de robos en los campos catalanes que afectan al sector. El gremio de agricultores, además, ha reclamado que se cubran todos los costos dentro de la finca y no solo los productos o materiales robados y aseguran que «al ladrón le sale muy barato y a nosotros carísimo», tal como ha expresado uno de los portavoces del gremio, Ramon Rojo. Es por eso que desde Revolta Pagesa se reunirá con el departamento de Interior el próximo 31 de marzo, tal como lo han anunciado delante de las puertas de los Juzgados de Reus, entidad judicial donde se ha celebrado un juicio por el robo de más de media tonelada de algarrobas el pasado septiembre en el Baix Camp.
Ramon Rojo ha asegurado que para los agricultores es clave «evitar la inseguridad» que estos robos provocan en el sector. «Queremos ir a nuestro terreno y trabajar con nuestras herramientas de manera segura. No estamos pidiendo nada del otro mundo», ha aseverado el portavoz de Revolta Pagesa. De hecho, esta inseguridad no es solo provocada por los robos y los posibles daños materiales que se produzcan sino que además una temporada de «cosechas muy malas» ha acabado provocando que muchos agricultores no hayan podido asegurar sus campos. «Los seguros suben mucho de precio y las indemnizaciones cuando hay problemas son muy bajas», ha añadido.
Concentración frente a los juzgados de Reus
Las reclamaciones de Revolta Pagesa se han producido frente a los juzgados de Reus donde una decena de agricultores han acompañado a uno de sus compañeros, Miquel Llorens, por un robo de 580 kg de algarrobas en su terreno en Botarell, en el Baix Camp. Después de varios robos en su finca, el propietario instaló cámaras de videovigilancia y el pasado mes de septiembre sorprendió a un ladrón en pleno robo. Los Mossos d’Esquadra se personaron en el lugar de los hechos e identificaron a los ladrones. La multa para los acusados es de 16 euros durante veinte días, lo que suma un total de 320 euros, una multa que según Ramon Rojo es «irrisoria» y que «no tiene nada que ver con el problema que tenemos». Miquel Llorens, el propietario de la finca, muestra un desencanto con la justicia y señala que «no se debe tener miedo, pero pierdes el tiempo. ¿Para qué los tienes que denunciar si la justicia no aplica lo que tiene que aplicar?».
