El Gobierno de Salvador Illa tiene prácticamente asegurados los apoyos para el tercer suplemento de crédito, de 469 millones, que le permite apuntalar los presupuestos de la Generalitat, prorrogados desde 2023, sin presentar nuevas cuentas al Parlamento. Este jueves hay convocada una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo a las 14.15 en el Palau de la Generalitat para aprobar el tercer y último decreto. Los dos primeros, de 2.168 millones y 1.301 millones, respectivamente, han obtenido luz verde en el Parlamento con los votos favorables de ERC y los Comunes, que han pactado diversas medidas a cambio de garantizar su apoyo. Con los republicanos el acuerdo para este tercer suplemento de crédito está cerrado, mientras que con los Comunes están terminando de pactar los últimos detalles. Si se confirma el acuerdo, el Gobierno habrá conseguido incorporar casi 4.000 millones de euros extraordinarios a los presupuestos prorrogados que aprobó Pere Aragonès hace dos años.
El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, adelantó este miércoles en el Parlamento que el acuerdo era inminente y vaticinó que en «menos de 24 horas» se podría anunciar el pacto. Según avanza El Periódico y ha podido confirmar la Agencia Catalana de Noticias (ACN), ERC ha asegurado 200 millones hasta 2028 para la rehabilitación de viviendas y el compromiso de crear nuevas plazas de educación para avanzar hacia la universalización de la etapa 0-3. Está previsto que las dos partes firmen el acuerdo a lo largo de la mañana y luego presenten las líneas maestras de la medida. En paralelo, el ejecutivo mantiene abiertas las conversaciones con los Comunes para terminar de asegurar su apoyo al último suplemento de crédito. El decreto deberá ser convalidado en el Parlamento en un plazo máximo de 30 días.
El Parlamento valida el segundo suplemento de crédito
El Parlamento ha validado este miércoles el segundo suplemento de crédito con los votos de PSC, ERC y Comunes, y la abstención de Junts. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, destacó que los 1.301 millones de euros que se incorporan a los presupuestos prorrogados de 2023 servirán para aumentar el sueldo de los funcionarios, destinar más gasto a servicios públicos como la educación y la sanidad, combatir la crisis de vivienda que vive el país e impulsar el plan de respuesta a los aranceles anunciados por Estados Unidos. El pasado 7 de mayo, la cámara catalana validó el primer suplemento, de 2.168 millones. Durante el debate parlamentario, Romero ha destacado la “generosidad” de ERC y los Comunes, que se han negado a negociar los presupuestos de la Generalitat para este 2025, pero, en cambio, no han tenido inconveniente en pactar los suplementos de crédito, un mecanismo que permite aumentar los recursos disponibles sin necesidad de presentar nuevas cuentas.
Tanto los republicanos como los Comunes han apremiado al Gobierno a trabajar para desarrollar los nuevos recursos. El portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, reclamó la ejecución “inmediata” de las líneas de ayuda de 30 millones para explotaciones agrícolas para mitigar el impacto de las últimas tormentas de granizo. Por su parte, el portavoz de los Comunes, David Cid, cargó contra la estrategia de “caos, confusión y maniobras maestras” de Junts y recordó que el partido de Carles Puigdemont había votado a favor de presupuestos aprobados por Quim Torra y Pere Aragonès que el Gobierno había acordado con su formación. En aquellas cuentas estaba el aumento del impuesto de sucesiones a las grandes herencias, la subida del IRPF a las rentas altas, la nueva tasa turística o el impuesto de 200 millones a las energéticas. «Sorprende que se lleven ahora las manos a la cabeza», concluyó Cid.
El diputado de Junts y exconsejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha lamentado que la Generalitat cierre un año más con una prórroga presupuestaria, tal como ha pasado en seis de los últimos 10 años, y ha criticado que el Gobierno “abuse” de los suplementos de créditos aprobados como decretos ley. Giró considera que la prórroga debería ser un “mecanismo excepcional” y que el decreto ley es un “instrumento peligroso”.
