El Gobierno maniobra para cubrir el déficit dejado por los presupuestos, retirados el miércoles ante la falta de acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya. El ejecutivo catalán ha aprobado este jueves un suplemento de crédito de 5.988 millones de euros para activar parte de los recursos disponibles para las administraciones públicas sin las cuentas. Según ha informado la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, el principal paquete de gasto vinculado a este suplemento serán los «gastos de capítulo 1», es decir, las nóminas de los trabajadores públicos, que «peligraban si no había presupuestos ni suplemento», según ha indicado. También buscarán cubrir los gastos derivados de los «crecimientos tendenciales» derivados de las competencias de la administración catalana, como la dependencia, los conciertos sanitarios o el gasto farmacéutico. En un tercer paquete, el suplemento cubrirá los gastos vinculados a programas plurianuales que necesitan los presupuestos para activarse, como el Plan de Barrios o las inversiones en movilidad. Además del suplemento, Romero ha anunciado que el Gobierno de Salvador Illa prepara un segundo decreto para el próximo martes que recogerá los puntos principales de la ley de acompañamiento de presupuestos, que también cayó con la retirada de las cuentas.
Con este suplemento de crédito, los presupuestos prorrogados de la Generalitat de 2023 -los que permanecen vigentes hasta que no haya nuevos- elevan el objetivo de gasto hasta superar los 46.000 millones de euros, unos 3.000 millones por encima del paquete presupuestario total de 2025, incluidos los tres añadidos de gasto que activó el ejecutivo el año pasado. Quedan, pues, unos 3.000 millones de euros respecto de los presupuestos para 2026 que había puesto sobre la mesa Romero hace dos semanas.
Según la consejera, han quedado fuera de la ampliación de la caja catalana «iniciativas nuevas»; todos aquellos proyectos de nueva creación que partían de acuerdos políticos en las cuentas de 2026, y que no se pueden abordar con la ampliación aprobada este jueves. De esta manera, según Romero, los cerca de 6.000 millones añadidos a la capacidad de gasto de la Generalitat para 2026 son «el máximo que se podía incorporar» por la vía del suplemento de crédito. Está por debajo de la cifra que había dado durante la presentación de la ley, hace dos semanas, que rondaba los 7.500 millones de euros. Ha atribuido la diferencia a potenciales añadidos vía ingresos finalistas que no se contabilizan en la definición presupuestaria.
«Compromiso» de los comunes, «objetivos» de ERC
Sí que incluye, sin embargo, algunas de las partidas acordadas con los Comunes para contar con su sí -solitario, por ahora- a la ley de presupuestos, como las ayudas al alquiler, la bonificación del transporte público o las bonificaciones públicas para la compra de vivienda. El partido de Jéssica Albiach, sin embargo, ya ha avisado que la nueva convocatoria presupuestaria obliga a volver a sentarse con el Gobierno para renegociar las cuentas, en tanto que la ley que deba entrar en vigor a partir del verano sería «de legislatura». Romero se ha mostrado abierta a hablar, si bien ha establecido límites en la capacidad de los Comunes para cambiar el presupuesto catalán: «nos sentaremos a hablar para ver si quieren cambiar algún elemento de su acuerdo». «El compromiso de los Comunes es total», ha espetado la consejera de Economía.
Respecto a la posibilidad de aprobar los presupuestos en verano, como indican las conversaciones que han trascendido en los últimos días entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, Romero ha regresado al camino que abandonó ayer y ha asegurado que el único plan que se contempla desde Palau es sacar adelante la ley. «El Gobierno no tiene intención de aprobar otro suplemento de crédito»; ha rebatido la titular de Economía. Aun así, ha reconocido que todavía no tienen indicaciones concretas sobre las demandas que pondrán los republicanos sobre la mesa, en tanto que aún no han comenzado a negociar. Se muestra optimista, sin embargo, porque «los objetivos y las prioridades de ERC se parecen mucho a los del Gobierno». Además, ha celebrado que la dirección republicana se haya abierto a debatir sobre la recaudación del IRPF, sin marcarla como línea roja, dada la retirada del gobierno español de este compromiso de investidura.
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