El modelo de financiamiento territorial del Estado español ha llegado a sus límites; y ya comienza a afectar incluso la percepción económica en el centro de la península. Así lo demuestra el último informe de saldo estructural de las Comunidades Autónomas de la entidad Fedea, un think tank del españolismo económico. En las conclusiones del documento, los autores reconocen que la «dinámica fiscal» actual «no garantiza» fondos suficientes para que las administraciones territoriales afronten sus obligaciones sociales. «No hay suficiente margen fiscal para que, en momentos recesivos del ciclo, puedan adoptar las políticas fiscales expansivas o de sostenimiento de rentas y transferencias sociales en especie (educación y sanidad, principalmente) que les son propias», advierten. Menos aún se podrán abordar los objetivos de endeudamiento, ahora mucho más urgentes, después de que la UE haya recuperado las normas fiscales que había puesto en pausa durante la pandemia.
Según el estudio, el saldo estructural negativo del conjunto de las administraciones españolas -es decir, el agujero entre ingresos y gastos sin los elementos cíclicos y no replicables- es mucho más elevado que el déficit que registra el Instituto Nacional de Estadística. Si esta última cifra, más benévola con la salud de las arcas públicas, es del 0,1% del PIB, según la última contabilidad nacional; la anterior, que busca los agujeros permanentes en la operativa de las administraciones, se eleva hasta el 1,1%, un punto completo por encima. Entre los territorios más afectados por esta discrepancia destaca la Comunidad Valenciana, históricamente castigada por el modelo de financiamiento español, con un saldo estructural del 2,3% negativo en el año 2024. Cabe decir que se trata de un ligero retroceso, desde el 2,6% negativo en 2023. Cataluña también figura entre los que más gastos deben asumir, con un saldo negativo del 1,7%, según los hallazgos de Fedea. Alrededor del Principado, Murcia y La Rioja, también cerca del 2%. A pesar de las intensas rebajas fiscales de los últimos años, la Comunidad de Madrid se mantiene por debajo del 1%.
Solo irá a peor
Estos datos, cabe decir, se dan al final de un período económicamente favorable, en el que el crecimiento del PIB ha permitido ampliar los ingresos tanto de las arcas territoriales como de la hacienda española. Ahora bien, las expectativas de los expertos de Fedea van a la baja: la inestabilidad geopolítica que se espera en los próximos años, con el comercio exterior lastrado por los aranceles hacia algunos de los principales mercados del planeta, provocarán una desaceleración de la economía. Y, con ella, un retroceso sustantivo de las entradas a cuenta de las administraciones públicas.
Además, advierten, la caída de los ingresos se dará en paralelo a un aumento general de los gastos básicos de las administraciones territoriales; especialmente los asociados con la salud y la dependencia, presionados por el envejecimiento de la población. También se prevén sacudidas sobre las cuentas públicas debido a «nuevos retos, como el cambio climático o la transición digital». Sin un cambio de rumbo tanto en el sistema como en el comportamiento fiscal de las administraciones, sostienen, «la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas autonómicas quedaría notablemente dañada». Vista esta situación, los economistas de Fedea recomiendan llevar a cabo «políticas fiscales prudentes», tanto en el gasto -es decir, con una aproximación menos expansiva a la actividad pública, y posibles recortes- como en los ingresos -sin grandes bajadas de impuestos que puedan desestabilizar las arcas de la administración-.
