El españolismo económico continúa su particular guerra contra la reforma de financiación pactada por ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa. La última instancia del choque la ha provocado Ángel de la Fuente, director ejecutivo del think tank conservador madrileño Fundación de Estudios en Economía Aplicada (Fedea). En su intervención durante el XXIX Encuentro de Economía de S’Agaró, De la Fuente ha asegurado que el modelo propuesto «puede tener daños colaterales enormes» sobre la estructura financiera del Estado. Que Cataluña recaude sus impuestos -tal como hace años que pide el tejido empresarial del Principado- supone «romper la agencia tributaria estatal»; ya que abre un precedente para que otros territorios reclamen el mismo trato. «Vamos todos en un mismo barco y, si lo desguazamos, la situación será bastante complicada», argumenta el economista.
Así, el principal temor de la economía madrileña es que la Agencia Tributaria española acabe desmenuzada y «acabe habiendo en el Estado quince haciendas diferentes». En contra del consenso académico -también el mostrado en las jornadas- De la Fuente ha restado importancia a los agravios generados por el sistema de financiación español. El economista defiende que España ostenta «uno de los modelos menos malos» de su entorno. Reconoce, eso sí, «problemas serios», como la «complejidad» de sus normativas o la «desigualdad» del reparto de recursos. Concreta, no obstante, estas desavenencias con una perspectiva central: el problema no es la falta de ordinalidad, sino las haciendas forales vasca y navarra.
Implementar el modelo acordado sería, a juicio del experto español, contraproducente para el conjunto del sistema económico. A su parecer, esta «separación» de las agencias tributarias «generará unos costes enormes que se traducirían en pérdidas para la economía». Y no solo eso: las dinámicas generadas por una recaudación descentralizada provocarían que «se recaude menos y el fraude aumente». En este sentido, acusa a Esquerra Republicana de Catalunya de haber fundamentado la propuesta en «el relato que llevaba en su programa», uno que «difícilmente puede servir de base» para una reforma fiscal. De hecho, ha llegado a defender -contra las evidencias de academia y empresa del país- que «Cataluña no está maltratada fiscalmente».
Cambios que «no son suficientes»
El resto de ponentes, cabe decir, han mostrado una postura marcadamente diferente durante la jornada. Acompañando a De la Fuente, el director del gabinete de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Ramón Rovira; el profesor emérito de la UV y director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, y la catedrática de derecho tributario y financiero de la UPF, Antonia Agulló han coincidido en calificar el actual sistema fiscal español de «obsoleto, caótico y crítico». «Las insuficiencias fiscales son graves, y en la práctica se traducen en el hecho de que dentro del Estado hay varios estados de bienestar», ha articulado Pérez. Por su parte, Rovira ha criticado un «reparto de recursos por habitante errático, volátil y difícilmente explicable», una situación que, a juicio del economista barcelonés, es imprescindible «corregir».
Sobre la reforma que se ha puesto sobre la mesa, cabe decir, los expertos catalanes han dudado de su idoneidad, si bien en un sentido opuesto al que ha defendido el director ejecutivo de Fedea. Para la catedrática de la UPF ha alertado que el acuerdo entre ERC y PSC «no garantiza que los ingresos tributarios se traduzcan en suficiencia económica». Pérez, por su parte, ha puesto el foco en la cuestión de la solidaridad interterritorial, uno de los grandes agujeros que ya en el momento de la investidura se detectó en la hoja de ruta pactada. Rovira, de hecho, ha apuntado contra las «inconcreciones» del modelo que se ha trasladado a la ciudadanía. Permanece, así, a la espera de que se detalle el proyecto, aunque lo considera un «cambio sustancial» respecto del estado anterior de las cosas. «Se acabarán las transferencias y tener que pedir dinero al Estado cuando no se tienen», celebra.
