La economía catalana tiene un agujero que ningún gobierno español ha querido tapar. El déficit fiscal permanece alrededor de los mismos niveles que desde hace décadas denuncian las autoridades políticas, económicas y empresariales del Principado: según el primer cálculo de las balanzas fiscales de la legislatura, 21.092 millones de euros abandonan Cataluña en dirección a Madrid y no regresan nunca al tejido productivo que los genera. La cifra equivale al 8,2% del PIB catalán. Así lo ha reconocido el ejecutivo en el informe económico y financiero que ha publicado para acompañar la propuesta de presupuestos que ha aprobado este mismo viernes en un consejo ejecutivo extraordinario.
La cifra, cabe decir, corresponde a 2022, el último del cual se tienen datos completos de impuestos y cotizaciones, para comparar con aquellos que no revierten en el territorio catalán en forma de inversiones o servicios prestados por el Estado. Se trata de un descenso ligero respecto del máximo histórico registrado en el año 2021, cuando las pérdidas provocadas por el caño fiscal español rozaron los 22.000 millones de euros. Permanece, sin embargo, por encima de los años anteriores, 2019 y 2020, cuando el agujero se quedó justamente por debajo de los 21.000 millones de euros.
Desde el Govern destacan una reducción del déficit en términos de porcentaje del PIB catalán: en 2021, de hecho, la fuga de recursos supuso más de un 9,6% del producto interior bruto. Hay que recordar, sin embargo, que los años inmediatamente posteriores a la pandemia sufrían de unas cifras económicas absolutas todavía lastradas por la crisis provocada por la covid. Y que, de hecho, el crecimiento fue fulgurante en los cursos posteriores: el mismo 2021, el producto interior bruto escaló cerca de un 7%; mientras que en 2022 lo hizo en un 6,7%. La ratio de déficit sobre el total de la economía, pues, toma menos relevancia en aquel contexto. Eliminando la influencia del confinamiento, el porcentaje histórico ha sido similar al último declarado, tal como ha indicado el mismo departamento de Economía. Entre 1986 y 2022, la media de pérdidas catalanas a favor de otros territorios del Estado fue del 8,1%, prácticamente la misma que la de 2022.
Más de 77.000 millones para España
Así, según los cálculos efectuados por el Govern, la economía catalana aportó a las arcas españolas unos 77.742 millones de euros en 2022. Durante este mismo período, según el mismo documento, solo recibió 56.650 millones de euros en forma de transferencias, servicios e inversiones directas ejecutadas por la administración del Estado. De esta manera, Cataluña generó cerca del 20% del total de las aportaciones territoriales al sistema común, mientras que recibió solo el 14% del total, una pérdida próxima al 6% que la aleja de la ordinalidad, garantizada por la Constitución, pero sin efecto en la economía real.
La nueva financiación, una cuarta parte
La retención de recursos catalanes por parte del Estado español fundamenta las quejas, ya históricas, del mundo económico catalán, que reclama un sistema de financiación que garantice que el dinero que sale del Principado regrese en forma de aportaciones públicas. El nuevo modelo, que aún se negocia en Madrid, dejaría en las arcas catalanas, de acuerdo con los compromisos de la misma Romero, unos 4.686 millones de euros de más a partir de su entrada en vigor, que se espera para el año 2027. En caso de que se acabe aplicando, pues, el modelo de distribución territorial de los recursos solo taparía un 22,3% del agujero que genera España en el país. Esto, cabe decir, en caso de que la ganancia fiscal para las arcas de la Generalitat se eleve hasta donde ha calculado el ejecutivo: voces expertas del calibre del profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Germà Bel, advierten que la adenda será mucho más reducida, dado que la comparación entre años no tiene en cuenta el crecimiento de la economía y, por tanto, la nueva recaudación que llevarían a cabo las administraciones a partir de las actividades económicas en el país. Teniendo en cuenta esta expansión, según declaraba Bel en reciente conversación con Món Economia, la mejora sería «mucho menor que los 4.700 millones que se han proclamado».
