El Congreso de los Diputados inicia este miércoles el debate para la aprobación de la nueva reforma fiscal. El proceso comenzará en la Comisión de Hacienda de la cámara, donde un grupo de diputados se reúne para comenzar a tratar el proyecto de ley que establece, entre otros, un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales. Además, el texto plantea una gran duda y es qué sucederá finalmente con los impuestos extraordinarios sobre la banca y las empresas energéticas ante la división de opiniones en el bloque de investidura.
El texto original de la ley que envió el gobierno español y las enmiendas que los grupos presentaron para modificar el articulado se analizarán este miércoles a puerta cerrada en la ponencia de la comisión, donde se busca llegar a acuerdos que puedan incorporarse a la norma. Con sus enmiendas, el PSOE busca completar la ley y añadir una serie de medidas fiscales como reformar el Impuesto de Sociedades, subir la fiscalidad del tabaco e introducir nuevos tributos a vaporizadores o plataformas como Airbnb. La estrella de la ley, sin embargo, será el pacto suscrito con el PNV para convertir el gravamen a la banca en un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades, para que así pueda ser gestionado por las haciendas forales y permita suavizarse. Está diseñado con un nuevo carácter progresivo que irá del 1% al 6% en función de la base liquidable y permitiendo la deducción del 25% de la cuota de Sociedades y que el sector ya ha criticado duramente.
Por el contrario, el otro gran sector que tenía un impuesto a medida durante los últimos años, el energético, finalmente ha quedado excluido de las enmiendas, ya que el PSOE ha eliminado el tributo de sus propuestas. Esto hará que el impuesto finalmente decaiga el próximo 31 de diciembre, lo que ha generado el enfado del socio minoritario del gobierno español, Sumar, y otros aliados parlamentarios como ERC, Bildu o Podemos.
Sumar, Bildu, Podemos y ERC quieren mantener impuestos
Ahora bien, aunque el PSOE haya eliminado el impuesto a las energéticas, buena parte de los socios de la investidura no están de acuerdo y han registrado enmiendas para convertir en permanentes los impuestos a banca y energéticas. En concreto, Sumar quiere transformar los dos gravámenes temporales en impuestos permanentes, porque ya consigue recaudar 2.900 millones de euros al año en dos sectores «que tienen beneficios extraordinarios». Por su parte, ERC y Bildu proponen la permanencia de ambos tributos y un aumento en el tipo impositivo «a la vista de los beneficios récord anunciados en los últimos meses tanto por la banca como por las empresas energéticas».
Por su parte, el PNV no estaba en contra de mantener el gravamen a energéticas siempre que introdujera algunas deducciones y se convirtiera en un impuesto, como ha sucedido con el de la banca. Por otra parte, Junts ya ha advertido en varias ocasiones que no apoyará la permanencia del tributo a las energéticas si esto perjudicaba la inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona por parte de Repsol.
Pero estas propuestas de los socios del PSOE solo podrían salir adelante con el apoyo de los socialistas, y lo que estos han pactado con PNV y Junts, dada la oposición de la izquierda, necesita el apoyo del PP para prosperar. Es decir, este panorama de división en el bloque de investidura deja al PP como árbitro en la comisión y sus votos serán determinantes para decidir el futuro de las enmiendas registradas.
Reforma del impuesto de sociedades
Más allá de los impuestos a la banca y a las energéticas, el PSOE también quiere incluir otras medidas fiscales, la reforma del Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Si finalmente sale adelante, se establecerá de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superen los 60 millones.
La última medida fiscal a destacar es el compromiso de impulsar en la UE la modificación de la Directiva del IVA, a fin de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb, en zonas donde la abundancia de estos alojamientos dificulta el acceso a una vivienda.
