El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) pone en duda que el gobierno de Salvador Illa haya aprobado a través de la vía de decreto ley el aumento de la tasa turística y del impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de inmuebles por parte de grandes tenedores. Así lo determinan las conclusiones del análisis de los dos dictámenes sobre el decreto ley 5/2025 de medidas urgentes en materia fiscal y el decreto ley 6/2025 de medidas urgentes en materia del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, los cuales había solicitado la formación de Junts per Catalunya. Así pues, tal como se desprende de las conclusiones, el órgano consultivo considera que, en lugar de vía decreto, estas dos cuestiones deberían tramitarse como proyecto de ley porque no ve «necesidades extraordinarias y urgentes» que justifiquen la vía del decreto.
Fuentes del Gobierno consultadas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) señalan que estudiarán «con profundidad» los dos dictámenes del CGE sobre el aumento de la tasa turística y el impuesto a los grandes tenedores. El ejecutivo catalán aprobó los dos decretos el 25 de marzo -que hacen referencia a medidas fiscales acordadas con los Comunes-, los cuales aún están pendientes de ser validados por el hemiciclo. En este sentido, pues, los dictámenes del CGE señalan que varios artículos vulneran el 64.1 del Estatuto, el cual reserva la vía del decreto ley solo en caso de «necesidad extraordinaria y urgente». Dos principios que ponen en duda que se produjeran al llevar adelante estos dos decretos.
Junts exige que se retiren los decretos
A raíz de las conclusiones del estudio del Consell de Garanties, la formación de Carles Puigdemont ha exigido al gobierno de Salvador Illa que retire los decretos del impuesto a los grandes tenedores y sobre la tasa turística: «El Gobierno del PSC quiere legislar a golpe de decreto, saltándose el proceso parlamentario ordinario y, por tanto, dando la espalda al Parlamento. Así no se gobierna un país», ha lamentado la portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales. En este sentido, la portavoz de Junts ha celebrado que el árbitro del Estatuto les haya dado la razón sobre esta cuestión, ya que considera que no existía una urgencia real que justificara la necesidad del decreto: «Cada día que pasa es más evidente que el Gobierno de todos es, en realidad, el Gobierno en contra de todos», ha rematado.
