La agricultura europea no tardó ni 24 horas en expresar su oposición frontal a los nuevos presupuestos de la Unión. El pasado 16 de julio, organizaciones agrarias de todo el continente ocuparon las calles de Bruselas para reprochar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el proyecto que informará la política agraria común para el período 2028-2034. La gran herida del sector primario, según expresaban entonces los productores, es puramente económica: el Marco Financiero Plurianual de la UE propone un recorte superior al 20% en los fondos dedicados a ayudas directas al campo en comparación con el período anterior, el 2021-2027. «La enterradora de la PAC», leía una de las pancartas más agresivas contra la jefa del ejecutivo comunitario. Campesinos de todos los territorios, cabe decir, se han sumado a las críticas; aunque reconocen que el proyecto de la CE tiene luces y sombras. Por un lado, según la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, el principado perderá 60 millones de euros anuales en ayudas a la agricultura si la política agraria entra en vigor en los términos actuales. Por otro, como explica el presidente de la comisión de economía agroalimentaria del Colegio de Economistas de Cataluña, Francesc Reguant, la definición de las nuevas ayudas puede hacerlas más eficientes, y que el dinero se redistribuya mejor, «llegar allí donde son necesarios«.
La coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, se suma a parte del diagnóstico de los manifestantes de finales de julio. Para la dirigente campesina, el recorte del presupuesto comunitario se puede leer en el mismo sentido que las concesiones comerciales a Estados Unidos: los productores alimentarios vuelven a ser «moneda de cambio» de Europa, un parche para tapar otras prioridades de Bruselas. «Que este recorte se implemente para poder financiar el gasto militar es escandaloso y preocupante», sostiene. En gran medida porque, asegura, el sector primario es también un elemento defensivo. «Sin soberanía alimentaria, somos completamente dependientes de lo que pueda llegar de fuera. Cuando eso pasa, tendremos lo que nos den, solo»; lamenta, en conversación con Món Economia.
Reguant entiende los ánimos de los productores dada la información con que cuentan: «Las protestas son lógicas, porque hay una clara pérdida de recursos», lamenta el experto. Además, cabe recordar que la propuesta aún tendrá que pasar tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo Europeo -es decir, por los gobiernos nacionales-. De esta manera, «las negociaciones aún serán largas», recuerda el economista; y la agricultura está interesada en partir de una posición de fuerza cuando haya que sentarse a la mesa.
Fiscalizar la Moncloa
Cabe decir que la postura de los campesinos también ha aparecido a escala institucional. Tanto el ministro de Economía del gobierno español, Carlos Cuerpo, como el titular de Agricultura, Luís Planas, han sido críticos con la «falta de ambición» comunitaria con los nuevos presupuestos. Planas, de hecho, acusa a la CE de eliminar la identidad de la Política Agraria como pilar del gasto europeo. «No se identifica de manera singular la PAC, no se deja clara su importancia para Europa vía presupuestos», declaraba en una entrevista con La Vanguardia poco después de la publicación de los MFP. La Moncloa proponía alcanzar el 2% del PIB europeo en inversiones agrarias; mientras que Bruselas ha decidido quedarse por debajo del 1,3%. A pesar del apoyo abierto del ejecutivo de Madrid, Serrat ha instado a las organizaciones agrarias, con UP a la cabeza, a «exigir al ministerio que deje claras qué herramientas activará para compensar esta pérdida de financiación» -una demanda que traslada también a la Generalitat-. «El ministerio y el departamento también pueden decidir cosas, y no lo hacen», critica la coordinadora nacional.
De hecho, la vigilancia sobre el ministerio y la Generalitat tendrá que ser mucho más intensa a partir del 2028. Además del recorte del presupuesto, la Comisión también ha renacionalizado el reparto de los fondos -es decir, ha otorgado más autonomía a los estados para decidir algunos de los criterios de distribución económica entre la agricultura-. Un movimiento que, a juicio de Reguant, llega en mal momento. «Se reduce el peso de Europa, y podemos ir hacia una pérdida de coherencia de las políticas», alerta. En primer término, hay un riesgo de centralización de la política agraria: las entregas europeas garantizan una cierta territorialización; mientras que la concesión a Madrid no la recoge a priori. Aun así, el economista espera que se acaben concretando las concesiones en «paquetes territoriales» que atiendan las necesidades específicas de cada región, en tanto que, sin esta división, «desde Cataluña, el criterio de actuación puede ser más limitado». Los precedentes, sin embargo, no son halagüeños; dado que el Estado -como confirman fuentes del sector- ha mantenido una relación de cierta opacidad con las necesidades del campo catalán.
Una «mejor distribución»
El sufrimiento que genera la reducción en el presupuesto, sin embargo, tiene una multitud de contrapartes. En primer lugar, la nueva PAC incorpora algunas de las demandas de la agricultura durante las protestas de los primeros meses del 2024. Entre ellas, destaca una flexibilización de las exigencias ecológicas para la producción agraria. Parte de esta nueva libertad se ha concretado en la flexibilización de los ecorregímenes, una parte de las ayudas comunitarias dedicadas a «las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente». Este paquete de concesiones llegaba a concentrar cerca de una cuarta parte de los fondos dedicados a la agricultura. Un monto que se liberará para ser distribuido con otros criterios, menos restrictivos. Según Reguant, los ecorregímenes, tal como estaban concebidos, eran un ejemplo de que «Bruselas está muy lejos del campo». «Se ha eliminado algo que no estaba bien planteado», celebra. Lo comparte Serrat, que lamenta que las dos PACs anteriores -2015-2021 y 2021-2027- «eran mucho más ambientalistas que agrarias». «Se prohibieron muchas prácticas sin las cuales, a largo plazo, la producción es inviable», lamentan. Aun así, sostiene que se debe mantener cierta vigilancia ambiental: «Europa tiene las exigencias de salud alimentaria más rígidas del mundo, y así ha de ser».
Además, el nuevo marco financiero aterriza más los criterios de concesión, hasta el punto de que «se entregan a las personas, a los agricultores; y no a las explotaciones», según Serrat. Esto debe servir, apuntan las fuentes consultadas, para que la inversión sea más quirúrgica, y llegue a los productores con «más dificultades». La coordinadora de Unió de Pagesos destaca, por ejemplo, la nueva agricultura, los jóvenes o las mujeres como colectivos especialmente susceptibles a recibir ayudas bajo el nuevo régimen. Según Reguant, el modelo también abre la puerta a centrar los fondos en explotaciones con especiales dificultades naturales o físicas. «Un agricultor de la montaña del Solsonès, de secano, trabaja tierras complicadas, y debería recibir ayudas de acuerdo con eso», apunta. Aun así, defiende que también se incentive el crecimiento de las producciones, en tanto que «no se debe romantizar al pequeño agricultor». «Si eres pequeño y funcionas, recibirás apoyo; pero también se te debe pedir crear unidades más competitivas», asegura. Con todo, reivindica las consideraciones del documento presentado por la CE, que «valora las diferencias, las discriminaciones positivas según la dificultad de cada explotación».
Dudas sindicales
La parte laboral del campo ve aún más problemas con la nueva PAC. Así lo explica la representante de la UGT-FICA en el sector agropecuario, Alícia Buil. Según la sindicalista, «hay una falta de fiscalización» histórica en la política agraria de la UE: hay exigencias de cumplimiento de la regulación laboral muy escasas para aterrizar las ayudas al campo. «No hay una actuación específica de la inspección de trabajo, especialmente en Lleida. Hay un menosprecio de los trabajadores»; denuncia la ugetista, también en la regulación comunitaria. «Somos muy críticos con la PAC, porque dan ayudas y subvenciones cuando no se mantiene la normativa laboral», denuncia Buil. Se muestra, eso sí, empática con la pesada burocracia que padecen los agricultores de cara a Bruselas, pero argumenta que «puede haber menos papeleo y, en paralelo, vigilar a dónde van ese dinero». De hecho, lamenta que la política comunitaria «enfatiza más la parte ambiental de la regulación que no la laboral». «Son dinero público, y se deben fiscalizar», reitera.
