La contratación pública catalana tiene nombre y apellidos. Las pequeñas y medianas empresas lograron hacerse con más de dos tercios de los contratos que adjudicó la Generalitat y su sector público en el año 2023. En concreto, según los últimos datos facilitados este jueves por el Departamento de Economía y Finanzas, de los 10.662 contratos que se formalizaron (sin tener en cuenta los de emergencia), el 68,4% recayeron en pymes, con un importe adjudicado de 1.634 millones de euros, correspondiente al 34,8% del total.
Estas cifras no solo superan los registros del año pasado sino que marcan un nuevo valor histórico, tal como se desprende del Informe de análisis de los indicadores con especial referencia a las PYMES que elabora cada año la Dirección General de Contratación Pública. «Las pymes han ido ganando peso en nuestra economía, pero tenemos tareas pendientes: la igualdad, ganar dimensión y mejorar las vías de financiación para que puedan crecer desde muchos puntos de vista», ha señalado en la presentación de este estudio la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, quien ha precisado que este colectivo ya aporta el 61,4% del Valor Añadido Bruto y representa el 68,2% del empleo.
Si entramos en detalle en el informe, podemos comprobar cómo las empresas catalanas lograron la mayoría de las adjudicaciones con 9.459 contratos por valor de 1.950 millones de euros, lo que representa un 60,6% y 49,7%, respectivamente. Las empresas con sede social en otras comunidades autónomas obtuvieron el 37,4% de los contratos, con un 49,5% del importe. En cuanto a las empresas extranjeras, las adjudicaciones han sido muy minoritarias, 290 contratos por valor de 32 millones. Teniendo en cuenta la tipología de empresa y la localización de su sede social, el perfil más común de adjudicatario es el de una pyme catalana, con 7.519 contratos por valor de 913 millones de euros (el 48,2% del número y el 23,3% del importe total adjudicado).
En este sentido, el número total de compañías que firmaron contratos con la Generalitat ha ido aumentando a lo largo de los años hasta alcanzar el valor máximo de 4.054 en el año 2023, el 75,8% de las cuales fueron PYMES. Después se sitúan las empresas grandes (10%), los autónomos (4,4%), las UTE (4,4%) y, finalmente, las empresas extranjeras (4,3%).
PIMEC quiere pagos directos a los subcontratados
Tras la presentación de estos datos, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido a la Generalitat que pague directamente a las compañías subcontratadas para combatir la morosidad y fortalecer el papel de las pymes en los contratos públicos. Cañete considera que esta medida supondría un beneficio significativo para el tejido empresarial catalán y tendría un impacto estimado de 3.000 millones de euros anuales, el 50% de la contratación pública total. Además, permitiría a las pymes cobrar a 30 días y no a 68 días, lo que se traduciría en «un ahorro financiero relevante que mejoraría su viabilidad y competitividad».
