El Sindicat de Llogateres y el Col·lectiu Ronda ha interpuesto la primera demanda colectiva contra la inmobiliaria de Criteria. El objetivo de los demandantes es conseguir la nulidad de 16 cláusulas «abusivas» incorporadas en los contratos de alquiler de Inmocriteria -la inmobiliaria que pertenece a CaixaBank- y que afectan un total de 2.000 viviendas por todas partes Cataluña. Si la demanda prospera, aseguran los denunciantes, «tendría efectos sobre todos los contratos firmados con esta inmobiliaria y prohibiría la incorporación de las cláusulas impugnadas en los contratos de futuro». A la vez, tanto el Sindicat de Llogateres como el Col·lectiu Ronda consideran que estas condiciones impuestas por la inmobiliaria «contravienen» hasta cinco leyes relacionadas con la vivienda y los derechos de los consumidores.
El Sindicat de Llogateres ha explicado que ha tomado la decisión de presentar esta demanda para agrupar la acción judicial de los afectados. En esta línea, la portavoz del sindicato, Carme Arcarazo, ha asegurado que lo han hecho en su «legítima condición como asociación» de consumidores y en representación de todos los afectados que forman parte. Además, Arcarazo ha detallado que estas condiciones obligan los 2.000 afectados a asumir gastos que, por ley, no les correspondería. Entre estas figura la obligatoriedad de pagar la mensualidad equivaliendo en una plaza de aparcamiento en el edificio, el coste anual del IBI o el mantenimiento de la comunidad.
A la vez, ha concretado que se incluye un total de 37 promociones construidas entre 2002 y 2012 «bajo régimen de protección oficial, impulsadas o adquiridas por la Obra Social la Caixa y que ahora pertenecen a Immocriteria». «Si se tratara de cualquier tipo de promoción en el mercado privado, ya sería un escándalo, pero es que, además, estamos hablando de pisos protegidos», ha sentenciado Arcarazo. Además, también ha recordado que CaixaBank ha recibido «ayudas millonarias» para poder hacer este parque de alquiler y ha añadido que estas viviendas están ubicadas a 27 municipios de todo el territorio catalán.
Inquilinos penalizados si rescinden el contrato
La abogada del Col·lectiu Ronda, Montse Serrano, ha explicado que la demanda incluye la petición de cese de 16 cláusulas que se consideran abusivas entre las cuales hay la cláusula penal que obliga al inquilino a pagar una penalización si rescinde el contrato antes de que acabe, la obligación de pago de todas las reparaciones y de pagar la cuota del seguro de impago contratada por la propiedad o la posibilidad de cobrar retroactivamente las actualizaciones de la renta.
Además, esta acción de cese tiene que permitir no solo la nulidad de las cláusulas abusivas, sino también la no inclusión cabe otro contrato de futuro de Inmocriteria, puesto que precisamente se basa a pedir a la parte demandada que “cese” en el uso de sus condiciones y que, por lo tanto, tenga efectos no solo en las partes representadas en el proceso sino que todas las personas inquilinas que puedan tener contratos de alquiler de la inmobiliaria. Igualmente, de los del Colectivo recuerdan que las mismas cláusulas podrían llegar a ser suprimidas en contratos otras empresas, puesto que si la sentencia finalmente es favorable «quedaría inscrita al registro de Condiciones Generales de Contratación» y marcaría un precedente.
