Cataluña encara la corta campaña electoral del 12-M en medio de una crisis residencial difícil de recordar. Ya hace años que la escalada parece imparable: después de un 2023 de subidas de precios del alquiler y la venta sin aturador, el primer trimestre del 2024 se ha desplazado exactamente en el mismo sentido. Según los datos del portal inmobiliario Fotocasa, la media de referencia por metro cuadrado al país frota ya los 16,5 euros, cinco puntos por encima de la ya disparatada cifra de ahora hace un año, y deja todavía más atrás los anteriores récords de precios. El «máximo histórico», según las empresas del sector, «no tiene visas de moderarse» a corto plazo; y continúa escalando, no hay que decirlo, mucho por encima del pobre ritmo de revalorización de los salarios al país. El mercado de compraventa, lastrado por los elevados tipos de interés que el Banco Central Europeo tendría que soltar el mes de junio, no muestra una mejor salud: según otro portal de referencia, Pisos.com, una residencia de segunda mano cuesta más de 2.700 euros el metro cuadrado, un 6% más que ahora hace un año.
Salarios bajos, oferta escasa y presión alcista por parte de un rendisme que no suelta sus beneficios improductivos son factores que, en conjunto, ofrecen a los catalanes una perspectiva inmediata extremadamente poco halagüeña. Las inmobiliarias apuntan a una media de precio de alquileres en Barcelona superior a los 1.800 euros mensuales –mientras que los datos de contratos del Incasòl la dejan más cerca de los 1.200, una cifra igualmente elevadísima para un país con un sueldo mediano apenas por encima de los 2.000 euros mensuales–. Los partidos, pues, cogen ritmo de campaña con el objetivo de solucionar un callejón sin salida que afecta especialmente la juventud. Hay que recordar que la edad de emancipación en el país ya frota los 30 años, y el estancamiento de los salarios entre los menores de 35 años no ayuda a deshacer el nudo.
De las ayudas al parque público
El consenso entre la mayoría de formaciones apunta a la construcción de una oferta residencial social y asequible, uno de los grandes deberes pendientes de Cataluña respecto de las sociedades más avanzadas de su entorno. Hay que recordar que el parque público del país no llega al 2% del total, mientras que la media europea supera el 10%, y países como Francia o el Reino Unido se acercan más al 20. El proyecto más expansivo para dirigir la crisis lo ha puesto sobre la mesa la Candidatura de Unidad Popular, bajo el título de Plano Independízate. Los cupaires buscan atacar la porción del parque residencial catalán que «no se dedica» a la vivienda: tanto pisos vacíos como residencias de temporada o pisos turísticos. Unos inmuebles que, como espeta la número 2 por Barcelona de la formación Laure Vega, «no sirven para cubrir un derecho sino para especular y hacer negocio». Entre este montante, los cupaires ponen el foco en los 400.000 centrados en «el uso esporádico y turístico»; así como unos 50.000 en cartera de empresas tenedoras de más de 5′ inmuebles.
Similar ha sido el discurso de los comunes, que ponen el foco en una «patronal inmobiliaria» que «marca la política de vivienda del país». La formación de Jéssica Albiach se ha centrado a reivindicar una regulación de la oferta inmobiliaria no dedicada a la vivienda, como por ejemplo los pisos turísticos: ya lo hizo, de hecho, durante las negociaciones para los presupuestos del 2024, cuando exigieron en el Gobierno 1.000 millones de euros en políticas de vivienda y una reforma del Código Civil que permita establecer «en qué casos puede haber alquiler de temporada y en qué no». La receta de Juntos, por su parte, también contempla una ampliación del parque de vivienda pública, en parte con la incorporación a la oferta de la Generalitat de los pisos que todavía se encuentran en las carteras de la Sareb (el conocido como banco malo); si bien la complementa con una oferta financiera para la juventud para acceder a la compra en mejores condiciones, así como una gestión desde Cataluña de ayudas públicas al alquiler para los menores de 35 años.
En paralelo a la adquisición de viviendas de uso no residencial por parte de la Generalitat, la rehabilitación de inmuebles envejecidos aparece como una alternativa para ampliar el parque público; así como lo hace la nueva construcción. Los presupuestos del 2024, fruto de un pacto entre PSC y ERC, proponían una partida de vivienda superior a los 1.200 millones de euros, de los cuales unos 600 millones se tenían que dedicar a «construir, adquirir y adecuar vivienda para destinarlo a alquiler asequible». A este, se tendría que añadir un impulso de 20 millones de euros a la mejora de la eficiencia energética de los edificios del país, necesaria para ponerlos al ritmo necesario para completar la transición ecológica. El candidato socialista Salvador Isla, de hecho, ha puesto sobre la mesa una línea de ayudas a la gente mayor, una suerte de «Plano Renuevo para mejorar las viviendas de más de 50 años de antigüedad» dirigido a las rentas más bajas entre los mayores de 65 años.
Choque por la ley de la vivienda
Todo ello, hay que recordar, en medio de un envenenado conflicto entre los gobiernos de la Generalitat y Moncloa por la ley estatal de la vivienda. El ejecutivo republicano, con la consejera de territorio Ester Capella al frente, reiteran desde la entrada en vigor de la norma que los índices de precios para limitar el alquiler en las localidades catalanas tendrían que ser los elaborados, de hecho, desde Cataluña; y no las medias estatales que no dan cuenta de las diferencias de coste de la vida entre regiones. La Generalitat advierte, pues, que la ley estatal «no hará bajar los precios» de los alquileres catalanes; mientras que el ejecutivo socialista, con la ministra de vivienda Isabel Rodríguez como principal proponente, sostiene que las cifras establecidas por Madrid funcionan por todas partes, y continúa defendiendo, por boca del secretario de Estado del ramo David Lucas, la «homogeneidad» de la referencia.
