Un paso adelante para garantizar la presencia de cajeros autonómicos en zonas despobladas. El Congreso de los Diputados avaló este martes la proposición de ley hecha en el Parlamento de Catalunya para garantizar la presencia de cajeros en todo el territorio. La iniciativa estuvo defendida por tres diputados catalanes de ERC, Junts y los Comuns. Salió adelante con 312 votos a favor, ninguno en contra y 33 abstenciones. Contó con los votos de todos los partidos menos Vox, que ya se opuso a la proposición cuando se votó en la cámara catalana.
La iniciativa supone un cambio sustancial en el panorama, marcado en los últimos años por el cierre de centenares de cajeros. Concretamente, prevé dar margen a las entidades bancarias para que abran cajeros voluntariamente. En caso de que no lo hagan, se contempla hacerlo de manera «forzosa» a través de un «fondo de garantía» pagados por los mismos bancos para asegurar el servicio en todos los municipios. «Después de un rescate bancario pagado por todos los contribuyentes, hace falta que las administraciones garantizamos una banca al servicio de todas las personas, especialmente de las más vulnerables», argumentó el diputado de ERC en el Parlamento Jordi Orobitg.
Por otro lado, el diputado de Junts en el Parlament Jordi Munell recordó algunas de las personas que conoce en Catalunya, Extremadura o Aragón que tienen que recorrer kilómetros para sacar dinero en efectivo. «Afecta centenares de miles de personas de todo el Estado, también de Catalunya, que es el que estamos defendiendo», señaló.
Caída de un 40%
Más allá de las zonas despobladas, la caída del número de cajeros automáticos también se ve claramente en una capital como Barcelona. Según datos de principios de 2023, en solo cuatro años pasó de tener 1.214 cajeros a la vía pública a disponer 717. Es decir, un 40% menos. Un caso flagrante es lo del barrio de la Teixonera (distrito de Horta-Guinardó), donde a finales del 2022 un grupo de mujeres mayores, de entre 70 y 85 años, se estuvieron manifestando durante varias semanas contra el cierre de la última oficina bancaria que quedaba en el barrio, situada en el número 8 de la calle de Fastenrath. Denunciaban, entre otros, que en caso de que se cerrara la oficina, tendrían que andar entre 20 y 30 minutos hasta llegar a otra.
