Un informe del Banco de España sostiene que en 2022 acabó con una reducción de un 7,2% de las oficinas bancarias. El documento destaca que el 31 de diciembre de 2021 había 19.014 y un año después 17.648. En el caso de los municipios con menos de 500 habitantes, la rebaja fue de un 11%, de 426 a 379. Esto ha puesto en guardia los pueblos pequeños, que aseguran que necesitan más oficinas y no productos alternativos. Por otro lado, esta memoria apunta que los puntos de acceso a los servicios bancarios mediante canales alternativos se incrementaron un 1,6% entre 2021 y 2022, de 49.869 hasta 50.672.
El estudio señala que a las poblaciones con menos de 500 vecinos, los puntos de acceso presencial a través de canales alternativos «subieron significativamente, desde los 1.109 el 2021 hasta los 1.354 el 2022, un 22,1% más». Una crecida atribuida a las oficinas móviles (de 374 a 502), los agentes financieros (de 95 a 130) y los cajeros automáticos (de 424 a 498). Aun así, los pueblos han destacado que no es su opción preferida. El documento también recoge que entre 2021 y 2022 se rebajó en 167 localidades en el estado español que no disponían de ningún acceso presencial a los servicios bancarios, cosa que suponía un 2,1% del total de municipios españoles y un 0,13% de la población. Teniendo en cuenta sucursales y canales alternativos, en este periodo «se registró una caída del 0,8% del número total de puntos de acceso presencial a los servicios básicos bancarios». Por eso, la memoria subraya la importancia «de acompañar al despliegue de los canales alternativos con actuaciones que promueven y facilitan su uso por parte de la clientela».
La gente mayor continúa siendo un foco de peligro
El trabajo del Banco de España identifica «colectivos que podrían considerarse en situación de vulnerabilidad» y sitúa aquellos que son «de edad avanzada y con baja capacidad digital, así como para residir en municipios remotos, sobre todo en el interior peninsular», y apunta que el punto más próximo se encuentra además de cinco kilómetros. El documento recuerda que en el estado español hay «una elevada dispersión de la población» y esto supone «un reto para la provisión de servicios presenciales, dado que dificulta el aprovechamiento de las economías de escala inherentes a la atención presencial en cualquier ámbito».
