La Comisión Europea está a punto de cerrar un expediente que abrió por primera vez en 1999. 26 años después del primer contacto entre bloques comerciales, la UE y el Mercosur están a solo un paso de completar lo que será, en caso de ratificarse, el pacto de libre comercio más grande del planeta. Los cuatro países que forman la alianza económica -el Brasil, la Argentina, el Uruguay y el Paraguay– y los 27 suman más de 700 millones de consumidores potenciales, una conurbación mercantil «sin precedentes» con el potencial de disparar las economías a ambos lados del Atlántico. Tras llegar a un compromiso en diciembre de 2024, cerca de las vacaciones de Navidad, el Colegio de Comisarios que dirige Ursula von der Leyen ha lanzado esta mañana el documento definitivo que guiará el tratado. Un documento que, por las concesiones que hace a los actores más críticos -la agricultura y sus representantes estatales, principalmente Francia y Polonia- revelan un cierto temblor de piernas en Bruselas. Ni un mes ha pasado de la «humillación» que sufrió Von der Leyen a manos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el acuerdo arancelario firmado en el campo de golf de Turnberry, en Edimburgo. Pero incluso con las armas entregadas a la Casa Blanca, la incertidumbre internacional aún pesa sobre las empresas del continente, como dejó claro el desplome bursátil del pasado martes. Así, el ejecutivo comunitario busca victorias que estabilicen el mercado interno; y Berlaymont no ha dudado en ceder con las demandas del reticente Elíseo respecto del entendimiento con América Latina.
Los opositores más beligerantes con el puente comercial con el Cono Sur alegan, especialmente a raíz de la guerra comercial de Trump, que es poco más que una jugada para salvar, otra vez, la economía alemana. Los grandes beneficiarios de la caída de los aranceles «prohibitivos» entre la UE y el Mercosur son las industrias del automóvil y de la maquinaria industrial, dos ramas fundamentales de la locomotora de Europa. Dos sectores, sin embargo, que han llegado desubicados a los cambios productivos y geopolíticos posteriores a la pandemia. Corporaciones del tamaño de Volkswagen han perdido más de un tercio de su facturación el primer semestre del año, con unas cuentas agujereadas por los aranceles de los Estados Unidos.
Bruselas, en este contexto, ha dejado muy clara su intención de evitar la caída de los coches europeos cueste lo que cueste. Lo demostró con la disputa comercial con los vehículos eléctricos chinos, que abrió la era de los aranceles con una tarifa del 35% sobre las marcas del gigante asiático. Entonces, Von der Leyen ya sacrificó parte de la economía europea en el altar de Berlín: sin ir más lejos, fuentes del sector automovilístico catalán aseguran que el bloqueo a China es mucho más pernicioso que el de los Estados Unidos para los intereses del Principado.
El documento publicado por la Comisión, sin embargo, no tiene como público objetivo a los industriales alemanes. Como ya hizo con la parte reguladora de la política agraria común, Von der Leyen ha querido demostrar que su gobierno escuchó las marchas campesinas de 2024, con concesiones explícitas a la agricultura. La más clara, el acta legal de acompañamiento que añadirá un soporte agrícola al tratado. Bruselas enfatiza la vigilancia de los productos importados del Mercosur, y su completa adecuación a los estrictos estándares laborales, ecológicos y sanitarios de los alimentos que se producen en los 27. En este punto, de hecho, han corregido su posición original: el comunicado asegura que «la Comisión impulsará una serie de iniciativas de acompañamiento, incluyendo pasos hacia el potencial alineamiento de los estándares de producción en pesticidas y bienestar animal aplicables a los productos importados». Se trata de una demanda de la agricultura que tanto gobiernos como Comisarios descartaban el curso pasado, alegando que escapa del marco normativo de la Organización Mundial del Comercio; pero que ahora, bajo el microscopio campesino, aceptan llevar adelante.
«Salvaguardias robustas»
La Comisión ha buscado en varios puntos del acuerdo ofrecer respuestas al argumentario de las protestas campesinas, que los acusaba de querer «inundar el mercado europeo con carne brasileña y argentina». Ninguno de los mercados locales, es cierto, puede competir con la capacidad productiva del Mercosur en cuanto a la carne de res. Según cifras oficiales, solo Argentina exportó 900.000 toneladas de bovino y derivados en 2024; mientras que Brasil rompió todos los récords con cerca de tres millones de toneladas vendidas al exterior, de acuerdo con las cifras de la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne. Para comparar, la producción total de carne y derivados de la res en el Estado español el curso pasado fue de 786.000 toneladas. Las dos potencias -junto con los Estados Unidos, el otro gran jugador internacional del sector- tienen la capacidad de generar desequilibrios difíciles de corregir en la Unión. Para resolverlos, el tratado limitará la entrada preferencial -sin aranceles- de productos bovinos al 1,5% de la producción total de la Unión. Lo mismo sucederá con el ave, que tendrá un tope duro del 1,3% del conjunto de la industria del continente. También forman parte de las cadenas de valor vigiladas el azúcar y el arroz.
A estas salvaguardias se añadirán medidas de corrección de los mercados en caso de que las exportaciones agroalimentarias del Cono Sur desborden a los agricultores comunitarios. Según ha explicado el comisario de Comercio, el socialdemócrata eslovaco Maroš Šefčovič, si la CE detecta un aumento demasiado pronunciado de las importaciones de algún producto protegido, o bien una bajada excesiva del precio en una de las industrias vigiladas, podrá imponer nuevas condiciones de urgencia a los vendedores en el exterior de la alianza latinoamericana. Además, la Comisión duplicará los fondos de la política agraria común asignados al mecanismo de red de seguridad para el campo de los 27; una red que permite a Bruselas ofrecer ayudas extraordinarias a los campesinos afectados por crisis en el mercado. En total, la dotación del programa saltará hasta los 6.300 millones de euros; un esfuerzo notable «de apoyo al sector primario en tiempos de perturbaciones mercantiles e incertidumbres geopolíticas crecientes».
Los ganadores fuera del campo
A pesar de que la Comisión se ha esforzado en señalar a los agricultores en el redactado del tratado, aún cantan victoria las industrias, especialmente centroeuropeas, que siempre han reivindicado una apertura comercial hacia el Mercosur. Los automóviles, ya acosados por los aranceles de los Estados Unidos y de China, verán cómo se desvanecen barreras de hasta el 35% para vender a los principales compradores latinoamericanos. Al pacto de la zona de libre comercio se deben añadir el de Chile, que se ratificó a mediados de 2024. También los medicamentos se abren una nueva puerta para esquivar las amenazas trumpistas: justamente cuando la Casa Blanca amenaza con imponer tarifas de tres dígitos a la química sanitaria, las farmacéuticas de la UE se librarán del impuesto del 14% a las exportaciones a los países de la alianza de América del Sur cuando entre en vigor el tratado.
En cuanto a las compras europeas, una de las grandes obsesiones de Bruselas era huir de la dicotomía Washington-Pekín en un ámbito tan imprescindible como el de los materiales críticos. Sin ir más lejos, las empresas con carga tecnológica del continente tendrán ahora acceso sin restricciones a adquirir tierras raras de la amplia reserva nacional que tiene Brasil; una salida más para esquivar la ofensiva de Trump para apropiarse de la capacidad productiva de Ucrania sin tener que mirar hacia los productores chinos.
Apaciguamiento político
La nueva forma que ha tomado el tratado con el Mercosur ha servido para limar gran parte de las tensiones que se habían generado entre los países miembros en los últimos meses de negociación. El presidente francés, Emmanuel Macron, se había referido a menudo al pacto como una fuente de «competencia desleal» para los agricultores de la unión; mientras que el primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk, aclaró ya el pasado otoño que «Polonia no acepta esta forma del tratado comercial con el Mercosur». Los opositores, de hecho, aprovecharon las movilizaciones campesinas para sumarse a sus demandas; incluso a sus consignas. La entonces ministra francesa de agricultura, Annie Genevard, reprochó a Von der Leyen que utilizara el primario del continente como «moneda de cambio internacional» para revivir la industria alemana; una fórmula que los manifestantes habían utilizado a menudo en sus gritos de guerra. Enfrente, Madrid, muy interesada en tender aún más puentes con el Cono Sur para facilitar el acceso a las químicas locales; y Berlín, que ve cualquier acuerdo mercantil como una oportunidad para prolongar la vida de su producción automovilística. De hecho, Pedro Sánchez y Friedrich Merz han sido los primeros en alabar la iniciativa de la Comisión. El presidente español, reivindicándose ante Washington, ha celebrado que «mientras otros se cierran, Europa se abre»; y el canciller alemán alabando el comercio internacional como una fuente de «justicia y prosperidad».
Las nuevas condiciones han acercado las trincheras, y el gobierno francés ya ha reconocido que «van por buen camino». El ministro delegado francés de comercio exterior, Laurent Saint-Martin, ha celebrado en una publicación en sus redes sociales el nuevo mecanismo de salvaguardia, así como la búsqueda de una especie de cláusulas espejo que protejan las condiciones de producción de los 27. «Francia examinará ahora en detalle lo que se ha propuesto para garantizar la eficacia del sistema», ha declarado.
Vale la pena decir que, con la correlación de fuerzas actual, la aquiescencia de París y Varsovia era deseable, pero no estrictamente necesaria. El objetivo de Macron y Tusk era conseguir una minoría de bloqueo en el Consejo; un obstáculo que requiere un mínimo de tres países miembros que representen más del 15% de la población de la UE. La clave se encontraba en Roma, que nunca se ha acabado de posicionar en un bloque o el otro. Si bien es cierto que el ejecutivo de la ultra Giorgia Meloni ha expresado a menudo sus preocupaciones por el asalto a la soberanía alimentaria que podría suponer el nuevo flujo de productos agrícolas latinoamericanos, los intereses italianos encajan mucho con las dinámicas de consumo de Brasil y Argentina. Los dos productos estrella del primario local, como en el caso español, son la viña y el olivo; dos de los grandes beneficiados por las puertas comerciales que se abren. Dos, además, que ya sufren el lastre de los aranceles de Trump, y que buscan formas de recolocar su producto sin renunciar a los precios exigentes y la singularidad que reivindican.
Todo hace pensar, pues, que con este nuevo redactado en mano, Von der Leyen tiene pista libre para pasar a la historia como la presidenta que desbloqueó el tratado del Mercosur. Se ha querido otorgar, vale decir, aún más seguridades: la CE busca aplicar en dos partes el contenido del acuerdo. Una primera, la estrictamente comercial, que entraría en vigor solo con el sí calificado del Consejo y una mayoría simple en el Europarlamento; en tanto que compete exclusivamente a Bruselas. Y una segunda, más referida a las restricciones sanitarias, laborales o ecológicas, que necesitaría la aprobación de cada estado miembro en sus legislativos nacionales. La jugada ha levantado polvareda entre los grupos de la Izquierda Europea y los Verdes, que han amenazado con llevar la propuesta al TJUE. Por ahora, sin embargo, nada hace pensar que estas dos familias, que no llegan a los 100 diputados, puedan echar atrás la proposición.
