La terrible DANA que ha azotado el País Valencià cuenta con innumerables destrozos en el material urbano y el personal, más allá de las más de 200 víctimas mortales. Estos destrozos materiales contarán con el apoyo del gobierno de España, que ya ha anunciado un plan de ayudas valorado en 10.600 millones de euros. Quien ha ofrecido su ayuda también ha sido la Comisión Europea, en palabras del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Vladis Dombrovskis, quien ha mostrado la predisposición europea a flexibilizar las reglas fiscales europeas para hacer frente a las consecuencias de la DANA. “Los servicios de la CE están en contacto con las autoridades españolas para discutir las posibilidades y necesidades”, explicó Dombrovskis.
El vicepresidente económico de la Comisión Europea ha asegurado que utilizarán «las herramientas fiscales para ayudar a España a abordar las consecuencias de las inundaciones”. Estas «herramientas fiscales» son disposiciones específicas que permiten la exención de las normas europeas de control del déficit y la deuda pública en caso de situaciones de emergencia que superen las “capacidades” de un gobierno nacional. “Por parte de la Comisión Europea, continuaremos proporcionando todo el apoyo necesario a España en esta difícil situación”, añadió Dombrovskis.
El gobierno español solicitará la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE
La relación entre las administraciones españolas y europeas para afrontar esta crisis ya cuenta con el primer movimiento español, ya que este martes el ejecutivo ha anunciado que solicitará a la Comisión Europea la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE. Fuentes del ejecutivo comunitario han indicado a la Agencia Catalana de Noticias que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha comunicado la intención de hacer la solicitud, pero que la petición formal aún no ha llegado a la administración europea.
Los estados miembros tienen un periodo de hasta 12 semanas desde el inicio de cualquier emergencia o catástrofe para solicitar estas ayudas. Un periodo de tiempo que desde la administración europea señalan que es «necesario» para que los gobiernos nacionales elaboren el informe de daños y costos de las zonas afectadas.
