La batalla comercial entre Bruselas y Pekín registra un nuevo combate. La Comisión Europea ha denunciado formalmente ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles impuestos al brandy comunitario. El gobierno de Xi Jinping preparó nuevas tarifas a la importación de productos de la UE a raíz de las fronteras comerciales que el ejecutivo de los 27 impuso el pasado octubre a los vehículos eléctricos del gigante asiático para evitar una competencia con el producto local que consideran «desleal». Según el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, los impuestos a las bebidas espirituosas -que afectan especialmente a los productores franceses, los grandes exportadores del sector a China- suponen «un uso cuestionable de los instrumentos de defensa comercial».
El ejecutivo chino estableció aranceles a varias marcas de brandy comunitarias a raíz de la decisión de la CE de gravar con un 35% la entrada de coches eléctricos del gigante asiático al mercado común. En respuesta a esta barrera, el gobierno de Xi estableció una tasa de entre el 30,6 y el 39% a estas empresas. Las afectadas son principalmente francesas, aunque en la lista destacan algunas del Estado español, como Osborne o Miguel Torres, cargadas con cerca de un 35%.
«Medida cuestionable»
Así, la CE argumenta ante la OMC que Pekín estaría haciendo un «uso indebido» de la normativa comercial. Las autoridades chinas aseguran que la entrada de brandy europeo «amenaza» la industria local, unas acusaciones que, para Dombrovskis, son «infundadas». «Las pruebas son insuficientes», insiste el comisario lituano, que ha denunciado en un comunicado emitido este lunes el caso omiso que sus contrapartes asiáticas han hecho a las «diversas» comunicaciones que Bruselas ha enviado calificando la medida de «cuestionable». Así, el regulador chino tiene ahora 10 días para responder al requerimiento, acordando un calendario de consultas para presentar las evidencias de ambas partes ante el organismo multilateral.
Los coches, ‘casus belli’
El enfrentamiento entre autoridades comenzó, cabe recordar, con una defensa férrea del coche eléctrico europeo, marcadamente poco competitivo respecto de los rivales chinos. Con este movimiento, la comisión de Ursula Von der Leyen imponía unas tasas de más del 40% a estos productos, una ratio que finalmente se rebajó al 35%. Desde Bruselas aseguran que la raíz de la capacidad productiva del automóvil chino radica en las enormes inversiones públicas aterrizadas desde el estado, lo que establece condiciones de competencia desleal para los operadores locales. Ya entonces, varios sectores alzaron la voz, alertando de potenciales efectos secundarios de la defensa de los intereses de la maltrecha industria alemana. En el caso catalán, se sintieron especialmente las de los productores porcinos, que tienen a China uno de sus grandes mercados fuera de las fronteras del Principado. Similar es la denuncia que pone sobre la mesa la agricultura respecto a la posible entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, diseñado para que «los alemanes puedan vender coches» en América Latina, según critica el Gremio de la Agricultura de Cataluña.
