La Comisión Europea abrirá un procedimiento de infracción contra España por las condiciones adicionales que el gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Según ha adelantado Expansion, Bruselas considera que la Moncloa se ha extralimitado y que los requisitos impuestos a la operación son contrarios a la libre circulación de capitales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que no tiene constancia de ningún procedimiento abierto contra España y ha defendido que el ejecutivo ha impuesto unas condiciones «ajustándose exclusivamente y de manera muy estricta» a lo que le permite la legislación española. «Estas condiciones tienen un elemento de proporcionalidad», ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación.
Con este movimiento, la Comisión Europea constata lo que ya habían advertido diversas voces jurídicas desde el inicio de la fase 3 de la OPA: que el ministerio de Economía, y el gobierno español en su conjunto, se han extralimitado en sus capacidades. Según apuntan al mismo medio fuentes conocedoras del proceso, el ejecutivo comunitario investigará si se ha vulnerado el derecho de libre circulación de los capitales, reconocido en los artículos 63 y 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aunque aún no se han iniciado las diligencias, Bruselas espera abrirlas antes de la parada veraniega, para resolverlas en paralelo al período de aceptación de la OPA.
Bruselas ya había alertado en diversas ocasiones que permanecería alerta para evitar que los movimientos de la Moncloa fueran en contra de los «tratados de la Unión», declarándose «guardián» de los mismos. De esta manera, investigarán si la reacción del Consejo de Ministros se ha excedido. Entre otras cuestiones, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales cuestiona la definición de interés general que ha utilizado el gobierno español para defender sus condiciones adicionales. Otros actores ya habían alertado que había conflictos legales en este sentido, también con la regulación española: de hecho, el informe emitido por Economía añadía condiciones de interés general a las que ya recoge la ley de defensa de la competencia, en un listado cerrado. Cabe recordar que el titular económico defendió que los términos de la norma son «guías», y no una definición exhaustiva del interés general. Bruselas, con su anuncio, parece contradecir a Cuerpo.
Multa en una administración pesada
En adelante, si la Comisión lo considera necesario, dirigirá una misiva al gobierno español para comunicarle la infracción de los tratados. El ejecutivo de Pedro Sánchez, posteriormente, deberá responder con detalle las motivaciones de las condiciones adicionales de la OPA. En caso de que las explicaciones no sean satisfactorias, la Moncloa podría recibir un dictamen motivado, que reclamaría la aplicación de nuevas medidas para paliar el perjuicio generado con el incumplimiento. Si no se cumplen, el paso final sería elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría imponer una sanción económica a España, bien con un pago único, bien con un cargo por cada día de violación de los tratados, que podría elevarse hasta los 8.000 euros la jornada.
