En un año de altas tensiones electorales, el carácter técnico de la presentación del informe anual de la economía catalana -lo gran proyecto analítico del Departamento de Economía y Hacienda que muestra una fotografía dinámica del tejido productivo y social del país- se ha celebrado bajo una larga sombra política. En un prieto salón de actos del recinto modernista de Santo Pablo, el presidente de la Generalitat Pere Aragonés ha pasado al ataque en defensa de su propuesta de financiación singular, asediada desde varios ejecutivos y espacios políticos del Estado. Ante las resistencias de los barones socialistas y populares a un «concierto catalán», equiparable al del País Vasco y Navarra, el jefe del ejecutivo ha rechazado el nuevo «café para todo el mundo» que emana de algunas posiciones españolas. Las necesidades económicas de Cataluña, espeta, se podrían cubrir «no con maquillaje, sino con un cambio de sistema». Pasando por primera vez al ataque fiscal desde las sucesivas derrotas electorales de Esquerra Republicana de Cataluña en el último ciclo, Aragonés ha rechazado los intentos de «diluir» la iniciativa elaborada por la consejera Natàlia Mas. «No quiere decir otra cosa que tener la clave de la caja», asevera.
Contra las denuncias de presidentes autonómicos socialistas y populares -han destacado recientemente las voces del Aragón o Castilla-La Mancha, entre otros- Aragonés ha negado que la financiación singular sea «un privilegio ni un trato de favor». «Los impuestos que se pagan en Cataluña surgen del esfuerzo de la ciudadanía del país», alega; apuntando que un control nacional de la fiscalidad es la única manera de «servir los ciudadanos y el tejido productivo tal como se merecen». El déficit fiscal, que los miembros del ejecutivo han tildado de «expolio», de 22.000 millones de euros que sufre anualmente Cataluña es, en palabras del presidente, el gran escollo porque «una economía que funciona» a escala macro se pueda traducir en «oportunidades» para todas las capas sociales. El gigantesco montante de recursos generados por los catalanes que acaba a Madrid, reprocha, separa el crecimiento del PIB del país de un efecto constatable sobre el poder adquisitivo real de las rentas del trabajo y el rendimiento de las pequeñas y medianas empresas. La solución, apostilla, es evitar la subalternitat en la gestión de los tributos; en favor de una «relación de tú a tú con el Estado» desde fuera del régimen común. «No nos tenemos que conformar con una mejora que estará permanentemente en riesgo si depende del Ministerio», golpea.
No en la ‘década perdida’
Los agrios reproches de Aragonés a sus homólogos españoles se enmarcan en la euforia de un informe anual de la economía catalana que revela, en palabras del Gobierno, unas cifras «robustas»; con un crecimiento económico general que quintuplica el de la media de la Unión Europea. Sobre esta alza, con la ha querido alabar el dinamismo de las empresas y el mercado laboral del país, Aragonés ha descartado las acusaciones por parte de partidos y espacios empresariales -especialmente desde el universo unionista- de una «década perdida» en términos materiales a raíz del Proceso. La supuesta bajada de la capacidad productiva y distributiva del país atribuida al impulso del independentismo, un «marco que se había intentado fijar durante los últimos años», tiene que ir, en palabras del presidente, «al olvido». Este punto discursivo, a menudo aprovechado por el candidato del Partido de los Socialistas de Cataluña Salvador Isla, así como por algunas organizaciones empresariales, choca con el «notable dinamismo» del producto interior bruto del país, que cerró el 2023 con una alza del 3,2%, según datos del Departamento. La expansión, pero, «tocará techo» sin la capacidad de «gestionar y recaudar» los impuestos catalanes.
En un sentido similar, la consejera Mas ha celebrado la capacidad de la economía catalana para «avanzar en un entorno complejo e incierto». La mirada exterior, comenta, ha estado clave para el sostenimiento del PIB del país, con un récord anual de 100.000 millones de euros en ventas a los mercados internacionales durante el 2023. A diferencia de las décadas anteriores, ancladas por los efectos de la fiebre del ladrillo y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el último curso el tejido empresarial catalán ha aumentado sustancialmente su «grado de apertura»; tanto adentro la Unión Europea como en otras plazas foráneas, como por ejemplo China o Japón. De cara al futuro inmediato, la integración europea o el retorno de la inversión -en la salida de un ciclo de alza intensa de tipo de interés- son los retos que contempla el gobierno en las altas esferas económicas. Estos, pero, se mantienen lejos de unas bases sociales que, como demuestra el mismo estudio, no han podido aprovechar las mejoras estructurales.
Cifras «sólidas»
La mejora de la salud de la economía catalana después del golpazo de la pandemia se ha dado, según se desprende del informe anual, por una muchedumbre de factores. El récord exportador, tal como recuerda la directora general de análisis y prospectiva económica del Departamento Marta Curtó, ha ido acompañado de una mejora de la demanda interna, hecho que «demuestra la recuperación del poder adquisitivo» de unas rentas del trabajo golpeadas por la inflación. Así, la expansión del mercado laboral, con cifras de paro del 9,3% inauditas desde antes de la crisis financiera del 2008, ha ido acompañada de unas nuevas condiciones por anticipado de convenio que elevan, por primera vez en años, las alzas retributivas por encima de la inflación, con un incremento salarial generalizado superior al 3,3%. De cara al 2024, Curtó apunta a un objetivo de recortar la desocupación en tres décimas, hasta el 9%; con una expansión anual de unas 100.000 nuevas personas ocupadas. El ejecutivo celebra también la diversificación de las aportaciones económicas al país, con un importante incremento del Valor Añadido Sucio (VAB) industrial -es decir, la aportación que hacen las empresas productivas al PIB-, de 3,5 puntos, gracias a «las menores tensiones de costes» en energía y materias primas. Así, Cataluña muestra una base de riqueza con más puntos fuertes que la del Estado español, que continúa concentrando cerca del 50% en el ámbito de la hostelería, el comercio y el transporte -una rama que, a pesar de reforzarse en Cataluña, no monopoliza la expansión como había pasado en otros ciclos-.
