El presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra Republicana de Cataluña a las elecciones del 12-M, Pere Aragonès, ha rechazado «frontalmente» la OPA hostil presentada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. En una publicación a su cuenta de X -antiguo Twitter- el jefe del ejecutivo ha enumerado las diversas rendijas que la pérdida del Sabadell, así como la mayor concentración bancaria que supondría la fusión para un entorno financiero español ya próximo al oligopolio, supondría para Cataluña. A parecer de Aragonès, la operación que ha puesto sobre la mesa la entidad dirigida por Carlos Torres «mengua el poder económico de Cataluña». La unión de dos de los grandes bancos del Ibex, en este sentido, «empeoraría la falta de competencia que ya sufrimos» y serviría de palanca para «destruir puestos de trabajo» en un momento de alta tensión a las plantillas de las empresas financieras del Estado.
La Generalitat, atendidos estos agravios, «trabajará para evitar» que la fusión se acabe produciendo. La postura de Aragonès, por tanto, coincide con la que la consejera de Economía, Natàlia Mas, ha hecho explícita a una entrevista en RAC 1 este mismo jueves. Mas ha expresado la «total oposición» del ejecutivo a la operación. En una reciente entrevista con El Món Economia, de hecho, la consejera ya ponía sobre la mesa la multitud de problemas que una operación de estas características dejaría al sistema bancario y el tejido de negocio catalán. En un entorno compuesto en su práctica totalidad por pequeñas y medianas empresas, la pérdida de una entidad como el Sabadell supondría un importante golpazo para la financiación de la base productiva del país.
Una «estrategia» españolista
Todavía más contundente ha sido el presidente en el exilio, Carles Puigdemont. En una publicación en sus redes sociales, el candidato de Juntos a las elecciones del 12-M ha gritado a las autoridades catalanas y del Estado a «contestar con toda la fuerza, el derecho y la razón» a la OPA hostil presentada por el BBVA. Enmarca la propuesta, de hecho, en una «estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana» que ya hace tiempo que han implementado los poderes del Estado. A ojos de Puigdemont, la pérdida de cuerpo financiero en Cataluña «perjudica los usuarios y perjudica el país».
