El precio del alquiler en Barcelona podría bajar casi un 9% con una aplicación combinada de los índices catalán y estatal, según un informe de la Agencia de la Vivienda de Cataluña de la Generalitat. El Departamento de Territorio hace meses que presiona al Ministerio de Vivienda para que utilice el índice de precios catalán para calcular el tope de los alquileres, pero hasta ahora el gobierno español se ha negado. Cataluña es la única comunidad de todo el estado español que ha pedido aplicar la ley de contención de precios que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó a toda prisa antes de las elecciones municipales de 2023.
El estudio analiza cómo afectaría la combinación de ambos índices al precio del alquiler de 17.000 pisos y lo compara con el tope resultante de solo usar el índice estatal. En concreto, la Agencia de la Vivienda de Cataluña calcula que la aplicación del baremo estatal permitiría bajar un 4,8% el precio del alquiler en la capital catalana, mientras que aplicar un sistema híbrido de los dos índices permitiría doblar la bajada de los precios, hasta el 8,7%. Un modelo combinado también beneficiaría a los municipios del área metropolitana, puesto que la bajada con el índice catalán (-6,4%) y el mixto (-6,8%) también duplicaría la del baremo estatal (-3,3%).
Bajada general de los precios
El informe de la Agencia de la Vivienda de Cataluña concluye que, en el conjunto del país, el tope que marca el índice de precios catalán sería más bajo que el estatal en el 79% de los pisos, con un precio medio de 745 euros con el índice estatal, de 683 euros con el catalán y de 677 con la mezcla de ambos modelos. Con la aplicación solo del baremo actual, los precios caerían solo en el 36% de los casos, lejos del 54% que se registraría con el tope catalán y del 57% de baremo combinado. En cuanto a los precios, en Cataluña caerían un 3,5% si solo se usa el tope estatal, un 6,4% con el de la Generalitat y un 6,8% con el sistema híbrido.
Polémica por los índices de precios
La polémica por los índices de precios viene desde la redacción de la ley, pero el conflicto ha subido de tono en las últimas semanas por la negativa del gobierno español a negociar con la Generalitat. Hace dos semanas, el Ministerio de Vivienda aprobó un baremo de precio igual para todo el estado y, a pesar de que Cataluña es el único territorio que quiere aplicar la ley, se ha negado a incluir las particularidades del mercado catalán en la fórmula para calcular el tope al país. La gran diferencia es que el sistema estatal se basa en los datos tributarios, mientras que el catalán usa los de la Incasòl. El Departamento de Territorio apuesta por combinar los dos índices y ha enviado un requerimiento a Vivienda para que negocie, pero el gobierno catalán está dispuesto a recurrir a la justicia si el ejecutivo de Pedro Sánchez no se abre a negociar.
