La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha vuelto a revisar el crecimiento de la economía española por el año que viene. En esta situación, ha recortado el crecimiento del PIB del Estado tres décimas respecto de las últimas previsiones, hasta el 1,7%. El organismo ha presentado este jueves un informe donde analiza los presupuestos del gobierno español y también detalla que por el año próximo, el objetivo previsto del 3% del PIB de déficit tan solo se logrará si se eliminan las medidas anticrisis. El organismo que preside Cristina Herrero indica que la economía española ha mostrado una «mayor resiliencia» que el resto de economías europeas este año, pero justifica el recorte de las previsiones por la subida de los tipos de interés y el «débil» crecimiento económico de la eurozona, que acabará impactando en el Estado. El informe también sitúa la inflación en el 3,9% tanto este año como para 2024.
En cuanto a Cataluña, las conclusiones de la Airef tampoco han estado positivas. De hecho, la entidad ha empeorado sus previsiones y pronostica que en 2023 cerrará con un saldo negativo del 0,9% del PIB, cifra ligeramente superior al 0,8% previsto por la Generalitat. En cambio, el organismo calcula que en 2024 Cataluña tendrá un «ligero» superávit, mientras que la Generalitat estima un déficit del 0,3% del PIB. Precisamente hace unos meses la consejera de Economía, Natàlia Mas, criticó que el Estado no dejara margen en las comunidades en los objetivos de déficit.
Cae la deuda, pero se mantiene a niveles «elevados»
A partir de analizar el documento de presupuestos que el Estado ha enviado en Bruselas, la Airef también apunta que la deuda pública continuará bajando este año y el próximo, pero se mantendrá en niveles «elevados» en comparación con el resto de países de la UE (por detrás de Grecia e Italia, pero en niveles similares en Portugal y Francia). De nuevo, el organismo pide una estrategia fiscal «realista y creíble», que sitúe la deuda en una trayectoria descendente a largo plazo. Después de todo, el organismo avisa que todo ello está «fuertemente condicionado» por la «incertidumbre institucional» -el gobierno español está en funciones-, que se une a la «incertidumbre económica».
