Las administraciones territoriales del Estado son las más endeudadas de la UE

Las administraciones territoriales españolas son las más endeudadas de entre los países de la UE que otorgan competencias propias en sus regiones. Los gobiernos territoriales del Estado acumulan un pasivo sobre su PIB de un 22,3% de media, muy lejos de los otros tres miembros comparables en esta escala: Alemania, con un 15,3%, Bélgica, que frota el 18% y Austria, que se queda en un exiguo 5,3%. En las últimas décadas, la escalada de la deuda de las administraciones territoriales ha estado significativo: en 2000, recuerda el informe titulado Déficit y deuda de las Comunidades Autónomas: elevadas disparidades, la rendija financiera era del 6,1%, unos 16 puntos por debajo del actual. Justo es decir que la ratio muestra un ligero retroceso interanual, si bien esto no supone que se haya recortado la deuda. Es el PIB, que ocupa el denominador a la operación, el que ha crecido los últimos cursos, aliviando parcialmente la tensión a los tesoros territoriales del Estado.

El principal acreedor de los gobiernos regionales es, de hecho, el mismo Estado español. El uso intensivo de los fondos de financiación autonómicos, establecidos en 2012, hace que territorios como la Región de Murcia o Cantabria acumulen más del 90% de su pasivo con Moncloa. El País Valenciano y Cataluña, justo es decir, se acercan, con un 86,4 y un 86,2% respectivamente. Justo es decir que la Generalitat hace tiempo que intenta recuperar la potestad de acceder a los mercados de deuda internacionales para diversificar su pasivo y financiar el déficit fiscal impuesto por Madrid con capital exterior; un proyecto que la consejera de economía Natalia Mas ha hecho sede hasta el fin de la legislatura. Los territorios con regímenes fiscales propios, como son Navarra y el País Vasco, naturalmente, no han tenido que acceder a los mecanismos de financiación del Estado, y por tanto no acumulan deuda por estas vías. Una financiación singular, pues, recorta sustancialmente la dependencia de las decisiones de la hacienda española.

Reclaman «corresponsabilidad»

En este sentido, desde la entidad reclaman «corresponsabilidad» por parte del conjunto de las administraciones públicas del Estado, con el objetivo de una «consolidación fiscal» obligada por las recuperadas normas fiscales de la UE. Hay que recordar que la vía libre al déficit que ha marcado los presupuestos de los últimos años -que se ha saldado con un desequilibrio presupuestario en Cataluña del 1,5 y el 1,3% en los últimos dos años, respectivamente- desaparecerá a partir de este año, en cuanto que los gobiernos territoriales tendrán que buscar el equilibrio absoluto, es decir, tender al déficit cero; con el objetivo de lograr el superávit presupuestario entre el 2025 y el 2026.