La relación entre los reguladores bancarios y financieros de la Unión Europea y el mundo de las criptomonedas ha sido históricamente tensa. La descentralización y la lejanía de los servicios basados en tecnología blockchain distan de encajar en el talante regulador que despliegan los organismos comunitarios con cualquier nuevo fenómeno económico. Durante años, la actitud del Banco Central Europeo hacia estos activos oscilaba entre la apatía y el desprecio: especialmente durante el criptoinvierno que siguió al boom postpandémico, marcado por la sonora caída del exchange FTX y el colapso del valor de Bitcoin, la entidad con sede en Frankfurt llegó a proclamar el «fracaso» de la industria; aconsejando a los inversores europeos ignorarla completamente. Un año después, con el activo de Satoshi Nakamoto por encima de los 100,000 dólares impulsado por el ETF en la bolsa estadounidense y el prospectivo apoyo de la administración Trump, el capital del continente ha dejado atrás el rechazo a esta alternativa financiera, y se acerca con una curiosidad cada vez más material. Las principales entidades de crédito y firmas inversoras se han acostumbrado a la «nueva demanda de los clientes», tal como explica a Món Economia el consultor especializado en blockchain y Web3 Albert Salvany. Ante una realidad cambiante, el pasado 31 de diciembre entró en vigor MiCA, la primera regulación de criptoactivos del gobierno de los 27, para poner límites al entorno crypto y definir el campo de batalla.
«El MiCA es una medida necesaria, porque pone orden en una parte del sector donde no lo había; era el salvaje oeste«, razona Salvany; que celebra la capacidad de la norma para «profesionalizar» una industria que aún es, en esta orilla del Atlántico, de nicho. Las principales características de la ley europea así lo confirman: a grandes rasgos, MiCA se centra en la emisión de tokens no financieros; así como en todas las operaciones con los mismos -desde el intercambio hasta el pago, pasando por la custodia o las transferencias-. De esta manera, contemplan las voces sectoriales consultadas, Bruselas ofrece un camino recto y bien iluminado para que emisores, inversores y clientes lo puedan recorrer con claridad. «Lo que no se acepta es la incertidumbre; vivíamos en un mundo alegal», lamenta el mismo experto. La ausencia de normas, de hecho, hacía que Europa no tuviera ni siquiera una definición concreta, institucional, de lo que es un activo digital. El gran foco de la ley, apunta el CEO del exchange catalán CommonSense Edu Forte, son las stablecoins. Es decir, monedas vinculadas a un valor externo, como divisas o activos como el oro; ahora relatados y, incluso, categorizados a ojos de Bruselas.
En adelante, una vez se despliegue totalmente la norma, emisores de tokens y prestadores de servicios deberán cumplir con una serie de requisitos que los acercan al sector financiero tradicional. En primer lugar, los vincula a una autorización explícita por parte del regulador bursátil del país donde operen -en el Estado, la CNMV-; e inserta una serie de obligaciones de gobernanza para salvaguardar su buen funcionamiento. Además, siempre que una entidad quiera emitir una de estas stablecoins deberá publicar un documento técnico que también deberá pasar por el filtro de las autoridades, y las obliga a cumplir con unos requisitos mínimos de capital, tal como pasa con la banca tradicional, para garantizar su solvencia. Ya en el ámbito de los servicios y las operaciones, MiCA establece límites cuantitativos para los pagos con moneda estable; y solidifica la obligación de que el emisor cuente con una reserva del activo referenciado igual al valor emitido -es decir, si se crea un coin fundamentado sobre el euro, resguardar una cantidad, como mínimo, equivalente a la que se ha puesto en circulación en forma de token-. Todo ello, como garantía de la protección de los inversores. No obliga, es cierto, a asegurar la cobertura de los fondos en caso de quiebra; aunque muchas de las empresas existentes ya lo hacen «con seguros privados», declara Salvany.
La ley, cabe decir, «conserva una visión centralizada» de las finanzas, apunta Salvany; hecho que deja fuera aquellos ítems completamente ajenos a emisores únicos. Así, un activo descentralizado como Bitcoin queda, en origen, fuera de la normativa; aunque las operaciones que se lleven a cabo con él, desde el intercambio a la custodia, sí que están sujetas a MiCA. No lo están, tal como confirma la CNMV, los NFTs y el mundo de las finanzas descentralizadas, así como los posibles activos emitidos por bancos centrales u otras entidades públicas. También quedan fuera aquellas inversiones que, aunque fundamentadas en la tecnología blockchain, ya son considerados activos financieros de pleno derecho -y caen, por tanto, bajo la jurisdicción de MIDIF, la normativa de la UE en este ámbito-. Este enfoque específico en los tokens y las stablecoins es una de las carencias que el sector encuentra en la norma: el avance de las soluciones en el mercado es, normalmente, mucho más rápido que las reacciones administrativas. «Es posible que, en dos años, quede desactualizada y se tenga que reformar. Siempre llegarás tarde», alerta Forte. Salvany, por su parte, alaba la decisión del BCE: «es la estrategia correcta: no exagerar la regulación, comenzar con una parte, ver cómo funciona… Y si, después, se tiene que ser más restrictivo, ya se hará».
Sector de grandes y pequeños
En general, la industria celebra una normativa que envía a consumidores y mercados una imagen de solvencia que el mundo cripto había perdido con escándalos como el de FTX y burbujas como la de los NFTs. Las restricciones, exigencias y nuevas reglas sirven, a juicio de Salvany, para «descartar proyectos que no son lo suficientemente solventes». La falta de órdenes públicas, apunta el consultor, podía servir a menudo para abrir la puerta a iniciativas sin el fundamento financiero para salir adelante; en una suerte de burbuja que podía llegar a arriesgar buena parte del capital de los inversores. Ahora bien, Forte apunta la contrapartida: «Europa está regulando una industria que no tiene». Es decir, los actores que funcionan en el continente son aún pequeños, escasos en comparación con la multitud de gigantes norteamericanos. El joven sector local sufrirá en adelante «una capa de cumplimiento normativo que tiene unos costos altos, y para algunas empresas será difícil». Las inversiones en compliance, absolutamente normales en el mundo financiero tradicional, pueden ser una «losa» para proyectos solventes, pero en evolución. «Será más complicado desplegar desde cero este tipo de proyectos», reconoce Salvany.
El peso de la nueva norma, sin embargo, se nota menos para las empresas que ya tienen un cierto músculo operativo. En un mercado como el europeo, aún sin estructuras fuertes, los protagonistas del MiCA serán, así, los actores crediticios tradicionales: la banca. «¿A quién beneficia la ley? A los que ya están, los que tienen cierto tamaño y cumplen las exigencias», argumenta Forte; que ve detrás de la norma la intención de «centrifugar proyectos más pequeños para atraer a los incumbentes». Sobre estas nuevas seguridades, y unos umbrales normativos comparativamente laxos respecto de su actividad regular, los principales bancos de la Unión tienen todos los incentivos para penetrar en el mundo cripto. «Las entidades del continente aprovecharán para lanzar servicios de criptoactivos, porque sus clientes se lo piden», añade Salvany; que lo ve todo como un paso adelante para el sector. Así, MiCA sirve para borrar las incertidumbres que aún distanciaban a los operadores tradicionales de esta industria; y para forzar a los usuarios a actuar en entornos más tranquilos, menos volátiles. «El último objetivo es que la gente mueva su dinero a través del sistema tradicional, que es la opción más fácil», añade el experto. Ahora bien, el carácter propio de la blockchain hace que algunas voces duden de la utilidad de los mecanismos tradicionales para salvaguardar la salud de los compradores. «Cuando algo falle, no estoy seguro de que MiCA sirva para proteger a los inversores», duda Forte; que recuerda, por ejemplo, el terremoto que supuso el colapso de Silicon Valley Bank, custodio de una décima parte del pool de la stablecoin referenciada al dólar USDC.
Costos de oportunidad
Para Forte, sin embargo, la forma en la que Europa ha decidido regular no es «amistosa» para un sector aún emergente. Las obligaciones hacia las empresas sirven para que grandes actores financieros estén suficientemente tranquilos para comenzar a operar en criptomonedas; y para que inversores tradicionales pierdan el miedo de situar allí su capital. Ahora bien, los incentivos de crecimiento y los caminos para innovar se hacen más tortuosos. «Haces el mercado más pequeño, y dejas de ser interesante para las empresas», critica el directivo. Además, destaca el problema de la mala integración reguladora de los países miembros, lo que también -como recordaba el ex primer ministro italiano Enrico Letta en una intervención en la pasada Reunión del Círculo de Economía- reduce la competitividad de los actores tradicionales. «Cada país interpretará la directiva de una manera, y esto puede hacer que sea más fácil estar en unos puntos del continente que en otros», comenta; hecho que puede erosionar la aún joven industria de aquellos miembros con puntos de vista más restrictivos.
Ahora bien, las nuevas certezas que ofrece la normativa, a juicio de Salvany, sirven de contrapeso para el desincentivo de los costos. Los proyectos que sí salgan adelante, insiste, serán más solventes, y más atractivos para inversores fuera de los círculos especializados. La desregulación que imperaba en la industria podía llegar a generar monstruos: proyectos sin un fundamento de solvencia y negocio que podían hundir a sus participantes. «Se confundía el objetivo y el concepto de los tokens: no son solo para captar dinero, deben tener un objetivo», sentencia el consultor; que ve en MiCA una puerta abierta a negocios mucho más diversos. «Empresas, compañías, otros proyectos que no se planteaban entrar por los riesgos, ya tienen un marco determinado. Lo que no quieren es incertidumbre: o la actividad está prohibida, que entonces la ignoran; o está regulada, y se involucran». Habrá que ver, en adelante, si la ley de Bruselas ancla o acelera un negocio con el que ha mantenido una relación de amor-odio durante años, pero que promete avances importantes en entornos cada vez más favorables.
