La compañía Telefónica ha oficializado este miércoles la presencia del Estado en su consejo de administración. Los máximos responsables del gigante han acordado hoy nombrar a Carlos Ocaña como nuevo consejero en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Con este movimiento, Ocaña acontece el representante del gobierno español a Telefónica, después de que la SEPI haya superado el 7% de las acciones.
Según la información facilitada por el operador en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el nuevo consejero sustituye de este modo Carmen García de Andrés, que presentó su renuncia voluntaria por «motivos personales y con el objetivo de contribuir al proceso de renovación ordenado del consejo de administración».
En unas declaraciones a los medios de comunicación recogidas por el ACN, el ministro de Economía del gobierno español, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que Ocaña es «un candidato idóneo» para asumir uno de los asientos del consejo de administración de Telefónica. Preguntado por los periodistas, Cuerpo ha destacado que Ocaña ha tenido «lugares de responsabilidad tanto al sector público como el privado» y se ha mostrado convencido que actuará «con las máximas garantías». El ministro también ha asegurado que la entrada del gobierno español al máximo órgano de la compañía permitirá «continuar avanzando en la participación estable de la SEPI a Telefónica para darle estabilidad e impulso».
Un movimiento motivado por la entrada saudí
Todo este lío de la propiedad de Telefónica empezó el pasado mes de septiembre, cuando el operador saudí STC adquirió un 9,9% del capital social por 2.100 millones de euros. Sin embargo, su posición se divide en un 4,9% en acciones directas y el otro 5% son derivados financieros que todavía no se han hecho efectivos por el hecho que el gobierno español tiene que dar su visto bueno a la operación a causa de la normativa sobre inversiones extranjeras en empresas estratégicas. Para contrarrestar los efectos de la entrada de la saudí STC, el Estado solicitó a través de la SEPI un asiento en el consejo de administración de la compañera y procedió a hacerse con este paquete de acciones del operador.
