El gobierno español ya controla más 9% del capital social de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ya se acerca así al mandato que le dio el ejecutivo de adquirir hasta un 10% de la operadora española. En concreto, según la información que la SEPI ha facilitado a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), la participación de la entidad pública, que depende del Ministerio de Hacienda, a la operadora de telecomunicaciones es del 9,038%, con un total de 512.467.150 acciones.
Así mismo, la información remitida al regulador estadounidense especifica que el precio mediano que el Estado ha pagado por cada acción es de 4,0177 euros, por lo cual la inversión del gobierno español a la compañía asciende hasta los casi 2.059 millones de euros. Aun así, si se mira el precio de cierre de los títulos de Telefónica al cierre de este miércoles -que fue de 4,152 euros-, el paquete accionarial del Estado tiene un valor de mercado de unos 2.127,7 millones de euros, es decir, unos 62,7 millones de euros más que el importe desembolsado hasta el momento.
Todo este proceso de compra de acciones empezó el pasado 25 de marzo, cuando la SEPI afloró una participación del 3,044% en el capital Telefónica. Con el paso de las semanas, la SEPI siguió comprando acciones y el 15 de abril elevó su posición hasta el 5,034% y el 26 del mismo mes la aumentó hasta el 6,169%. Ya este mayo, el día 8 concretamente, la entidad pública comunicó el aumento de su posición en la teleco hasta el 7,079%, y hace solo dos días difundió que había conseguido el 8,53%.
De este modo, la SEPI ya se aproxima al mandato que le impuso el gobierno español de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al sorprendente desembarco de la teleco saudí STC el septiembre pasado. En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica en una operación valorada en 2.100 millones de euros.
La SEPI tiene un consejero en Telefónica
Con este grado de participación, la SEPI tenía derecho a reclamar su presencia al consejo de administración de la teleco española. Esto, finalmente, se produjo el pasado 8 de mayo cuando, por unanimidad, el organismo aceptó la «renuncia voluntaria» de Carmen García de Andrés como consejera y nombró por cooptación a Carlos Ocaña Orbis en representación de la SEPI.
Apenas un día después de acordarse el nombramiento de Ocaña, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, dejó abierta la puerta a la posibilidad que el Gobierno pueda nombrar un segundo consejero en representación de la SEPI cuando cumpla su objetivo de llegar al 10% del capital de la teleco.
