El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene un interés especial en las empresas estratégicas del Estado que no comparte -o no en un grado tan elevado- con sus predecesores. La decisión de relevar a José Maria Álvarez Pallete de la presidencia de Telefónica, con un comunicado a las 9 de la noche de un sábado, en favor del hasta ahora presidente de Indra Marc Murtra, dejó al mercado en cierto estado de shock. En solo unas horas, las informaciones sobre los pactos que sacaron de la principal Telco española a un directivo que contaba en décadas su carrera en la empresa comenzaron a multiplicarse, mientras las alarmas de la oposición empezaban a sonar. En la decisión, el Partido Popular ve una cierta continuidad de los movimientos institucionales que ya hace tiempo que lamentan -el último, el nombramiento del exministro José Luís Escrivá como presidente del Banco de España-. La portavoz de los conservadores, Cuca Gamarra, llegó a acusar a la Moncloa de «colonizar» la multinacional antes pública con un perfil más favorable a sus intenciones. Cabe recordar que Pallete fue el delfín de César Alierta, anterior presidente y financiero de confianza de Aznar, que guió la compañía durante los años posteriores a la privatización tal como antes lo había hecho con Tabacalera. Inmediatamente después de confirmarse la sustitución, el ministro de Economía Carlos Cuerpo dejaba elogios velados a la figura del defenestrado, mientras defendía que Murtra garantiza «una visión nueva, que lidere una empresa, que lidere un sector estratégico como el de las telecomunicaciones hacia adelante». Y que lo haga, además, en línea con las aspiraciones de la Moncloa.
No es, sin embargo, el primer movimiento que el ejecutivo socialista protagoniza en busca de acortar la correa de una multinacional a una industria clave. El nombramiento de Murtra parte, de hecho, del retorno del ejecutivo al capital de la empresa, ejecutado durante 2023 en medio de una ofensiva del fondo saudí STC más de dos décadas después de su privatización completa. Al retorno al capital de Telefónica se añaden una multitud de iniciativas de control de los capitales que quieren aterrizar en el Estado, así como de sus objetivos empresariales: el primero, el escudo antiOPAs que se aprobó durante la pandemia, un intento de bloquear las adquisiciones extranjeras de compañías del estado dañadas por los estragos de la Covid. En un sentido similar se puede leer la actualización de la ley de inversiones extranjeras de este mismo 2024, aprobada vía decreto ley y que introduce una serie de restricciones al «principio de liberalización» que rige el capital de las cotizadas españolas. Según la nueva normativa, el gobierno español se autoriza a sí mismo a bloquear operaciones que vengan de fuera de la UE y sus aliados comerciales, que afecten significativamente la propiedad de una firma relevante o que se den dentro de sectores «críticos», como infraestructuras, nuevas tecnologías o suministros. «Está claro que el gobierno de Pedro Sánchez quiere aplicar una postura intervencionista sobre las grandes empresas», diagnostica el profesor de los estudios de Economía y Empresa de la UOC Joaquim Clarà, en conversación con Món Economia.
Esta pulsión intervencionista del gobierno de Sánchez se ha podido ver en diversas operaciones de capital que han chocado con escollos regulatorios en los últimos cursos. Más allá del reiterado «pie en pared» que el ministerio de Economía reivindica respecto de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, Cuerpo también ha sido especialmente agresivo hacia las diversas aproximaciones que capitales locales y extranjeros han hecho sobre Talgo. La Moncloa, cabe recordar, echó atrás la oferta pública de adquisición de Magyar Wagon sobre el fabricante de trenes debido a preocupaciones por «la seguridad nacional» asociadas al control del capital húngaro de una empresa de estas características. Pesa aún sobre la estructura una segunda OPA, en este caso de la siderúrgica Sidenor, mucho menos valiosa que la primera ante el mal rendimiento contable, las reclamaciones millonarias de Renfe y la disposición de la propiedad a deshacerse de ella. Similar fue el caso de Naturgy, que se encontró con dos posibles ofertas de adquisición parciales, por parte de IFM y Taqa, retiradas ante los requisitos regulatorios del ejecutivo. Incluso allí donde Sánchez y los suyos no han visto problemas, como es el caso de Ercros por la competidora portuguesa Bondalti, la CNMC ha detectado «riesgos para la competencia» y la ha llevado a la segunda fase de estudio. Ante esta multitud de operaciones iniciadas y obstaculizadas, el presidente del Instituto Ostrom Pau Vila ve un patrón: «Hay un diagnóstico correcto: cada vez más oportunistas caen sobre empresas españolas. Pero las OPAs son la fiebre» que revela una enfermedad más profunda. «Miremos la causa, no nos tomemos un antipirético», ironiza Vila.
El «radio macuto» bursátil español
Las fuentes consultadas por este medio, vale decir, ven fundamentos en el giro proteccionista del gobierno Sánchez. A juicio de Clarà, dejar a libre disposición de los movimientos inversores compañías del tamaño de las mencionadas podría culminar con «un estado intervenido por posiciones extranjeras; incluso por potencias extranjeras». Ante esta posible escapada, la Moncloa opta por «una línea de control» que pone cerrojos a las ofensivas foráneas. A juicio de Vila, sin embargo, el rol de las administraciones ante estas amenazas es encontrar sus causas y abordarlas. La principal, identifica el presidente de Ostrom, la inmensa debilidad de las primeras cotizadas españolas, muchas de ellas vinculadas a los designios del sector público. «El Ibex es uno de los índices bursátiles europeos más devaluados. Hay un clima con una calidad de gobernanza mucho peor que en otros países», destaca. Una estructura defectuosa como la que identifica el ingeniero rebaja el valor de las empresas estratégicas, y las deja a merced de capitales internacionales con intenciones más especulativas que inversoras. Potenciales compradores que «quieren entrar a tres y salir a cuatro» en negocios con los títulos a niveles bajísimos respecto de sus homólogos europeos. Sin ir más lejos, antes de las turbulencias provocadas por la dimisión forzada de Pallete, Telefónica se movía por debajo de los 4 euros la acción; mientras que Deutsche Telekom, participada también por el gobierno alemán, supera los 30, y Orange, con capital público francés, ronda los 11. Cerrada la sesión, la española ha perdido cerca de tres puntos por la desconfianza de los mercados, y cae a los 3,86 euros.
Se trata de una estructura corporativa, como lamenta Clarà, excesivamente procíclica, que encontró en la crisis de 2008 una verdadera bomba de relojería. «Cuando la economía estaba alta, las empresas también. Pero cuando la crisis llega, cae todo el mundo», identifica el docente. Ahora bien, a juicio de los expertos, los movimientos de la Moncloa no suponen más que un «parche» para un virus que llega a las raíces del mundo corporativo español. «No entran a valorar por qué las compañías son débiles, y van poniendo murallas contra los demás. Pero la debilidad aún está ahí», lamenta Vila; que relaciona mucha de esta falta de empuje con el carácter partidista de la gestión que muchas firmas todavía hoy conservan. El Ibex, reitera, sufre una «elevada concentración de empresas que dependen del BOE, o que habían sido públicas» y fueron privatizadas con movimientos repentinos y nada fundamentados -es el caso de la misma Telefónica, Repsol o Endesa-. «Cuando pasa esto, si viene alguien de fuera con un poco de estrategia, es capaz de hacerte tambalear», constata. La solución de Sánchez, sin embargo, tiene el potencial de no solo no resolver la mala situación bursátil; sino agravarla. Las barreras indiscriminadas pueden servir para frustrar operaciones oportunistas puntuales; pero los incentivos para el capital de baja calidad continuarán bien vivos. Alejará, sin embargo, «entidades serias, profesionalizadas que valoran ratios financieros y planes estratégicos». «La inversión extranjera que no sea especulativa dejará de ver a España como un entorno atractivo», critica Clarà.
El fundamento institucional del control
Más allá de sus propias prerrogativas en casos de OPAs o entradas agresivas en el capital de una empresa estratégica -muy amplias, cabe decir- el ministerio de Economía fundamenta parte de sus decisiones en los análisis técnicos de las dos comisiones que regulan la bolsa y el mercado español: la CNMV y la CNMC. Si bien es cierto que a menudo han sostenido posturas contrarias a los intereses de Sánchez y Cuerpo, últimamente se alinean con frecuencia. Sin ir más lejos, en el caso de la ofensiva del BBVA sobre el Banco Sabadell, Cani Fernández contradice a los organismos internacionales, así como a cada vez más actores bancarios internacionales, en sus preocupaciones por los efectos perniciosos de la fusión. Para Clarà, tanto Fernández como Carlos San Basilio -flamante presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en sucesión de Rodrigo Buenaventura– mantienen por ahora su independencia, y no parecen permitir «injerencias» por parte del ejecutivo. Ahora bien, el docente teme «los ánimos de cambio» que el gobierno socialista ya ha ejecutado a su favor en el BdE y otros despachos económicos. Similar es la alerta que lanza Vila: volviendo al caso de Telefónica, el presidente de Ostrom lamenta que Competencia no se haya pronunciado en una «situación relevante» como la de la Telco. «Se origina un debate sobre en qué medida el nombramiento puede suponer un problema, pero yo no los he oído», etziba. «Son organismos técnicos, pero son una pata del Estado; y si su decisión afecta a un asunto que el Estado considera estratégico, dan un paso al lado».
