El Gobierno celebra las nuevas condiciones impuestas por Moncloa a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. En un encuentro con medios, la consejera de Economía, Alícia Romero, ha asegurado que el veto a la fusión durante un mínimo de tres años «garantiza un sistema financiero equilibrado desde el punto de vista territorial». Según ha recalcado Romero, evitar la centralización del sistema bancario que provocaría la compra del Sabadell era «una de las prioridades» del ejecutivo catalán. Además, el mandato del Consejo de Ministros también debería servir para «preservar el crédito en Cataluña, especialmente a las pequeñas y medianas empresas» del país. «El Sabadell es un banco muy cercano y sensible a las problemáticas de las pymes», ha recordado la Consejera; con una estrategia de préstamos empresariales muy diferente de la que lleva a cabo el BBVA.
La independencia del Sabadell durante entre tres y cinco años, ha argumentado Romero, evita que aumente aún más la concentración del sector bancario en el país. Cabe recordar, como indicaba un reciente informe de la patronal Pimec, que el índice de concentración bancaria en Cataluña ya superaba los límites recomendados por los expertos incluso antes de la OPA hostil. «Mantenemos durante un mínimo de tres años un sistema mucho más equilibrado», ha opinado la consejera. En la misma atención a medios, la titular de Economía del gobierno de Salvador Illa ha calificado de «equilibradas» las medidas adicionales tomadas por el gobierno español, a quien ha agradecido la «escucha activa» que, a su parecer, ha mantenido de cara al mundo empresarial catalán. «Esperamos que esto permita mantener el crédito a las pymes, los puestos de trabajo, las oficinas y todo el despliegue del Sabadell en Cataluña», ha proyectado.
La pelota, en el tejado del BBVA
A preguntas de los medios, Romero ha evitado marcar una posición sobre si la OPA debe seguir adelante o no, incluso con las nuevas condiciones impuestas por el ejecutivo. Para la consejera, ahora «corresponde al BBVA analizar cuál es el camino que toma a partir de ahora». Tampoco se ha detenido a detallar posibles medidas que se deberían tomar para garantizar que, pasados los cinco años que contempla el dictamen de Moncloa, el Principado evite los agravios que podría comportar una fusión que, entonces, sería libre. «Las entidades tienen autonomía de gestión, y podrán tomar las mismas decisiones que han tomado hasta ahora», ha descrito; reiterando que, cuando termine la vigilancia pública, «el BBVA deberá ver si aún está interesado» en mantener la oferta.
Avisos desde Bruselas
La Comisión Europea, por su parte, no parece compartir el entusiasmo de la Generalitat con la decisión de Moncloa. Las autoridades comunitarias ya han avisado al gobierno español que intervendrán para evitar «cualquier medida» que quede fuera de los límites que marcan los tratados de la UE. La Comisión ya ha avisado al ejecutivo de Pedro Sánchez que «retirará cualquier condición injustificada»; recordando que los límites «extraordinarios» a las fusiones bancarias por motivos de interés general deben ser «proporcionales y justificados por razones válidas». Bruselas, de hecho, ha reiterado que «no ve motivos para frenar la operación», y se ha reservado tomar medidas «como defensora» de la legislación de los 27 en caso de que las actuaciones de Madrid sobrepasen sus competencias.
