Las tensiones dentro de la parte empresarial del diálogo social español aprovechan cualquier rendija para colarse al debate público. La entrada de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa Pimec, y de su homóloga isleña Pyme Baleares, al Consejo Económico y Social del Estado ha hecho una herida dentro de la CEOE y sus estructuras internas que costa cauteritzar. Lejos de buscar puntos en común entre trincheras, el nuevo espacio que disputa la representación estatal de las pymes, Conpymes, busca el cuerpo a cuerpo con la patronal española ofreciéndose a participar al debate de la jornada laboral «para suplir la negativa» de la organización presidida por Antonio Garamendi. La joven asociación empresarial tilde, en un comunicado emitido este mismo miércoles, de «irresponsabilidad» la posición del gran capital español; que provoca un bloqueo que «no tiene en cuenta los intereses de las empresas».
La entidad presidida por José Maria Torres -y que incluye en el suyo si la misma Pimec, así como otras patronales sectoriales catalanas- ataca la «negativa de CEOE de presentar propuestas a la reducción de la jornada laboral». La postura política de Garamendi, que ya ha excluido los empresarios españoles de hacer aportaciones en los dos últimos acuerdos para la subida del SMI, pose en riesgo -alegan desde Conpymes- la salud del tejido empresarial del Estado. En contraposición, reclaman «medidas que permitan minimizar el impacto que la reforma tendrá sobre las pymes». En opinión de Torres, las aportaciones desde el mundo del negocio permitirían «equilibrar la productividad empresarial con el bienestar de los trabajadores»; un enfoque que la pequeña empresa catalana ya reclama hace tiempo, llegando a proponer una aplicación condicionada en el estado de cada sector de actividad. Enfrente, el «puro tacticisme» de la confederación española, que «renuncia a ejercer su obligación legal de defender las posturas del tejido empresarial».
Garamendi ataca desde Cepyme
Justo es decir que esta postura de Conpymes coincide con una agravación de los ataques dialécticos del empresariado español hacia el ministerio de Trabajo por sus propuestas en materia de jornada laboral. A parecer de Garamendi, Yolanda Díaz «se cierra en banda» en las conversaciones con el empresariado -una acusación que la vicepresidenta segunda ha rebatido acusando los patrones de «habla mucha a los medios y nada a la tabla de negociación»-. Más intensa ha sido la oposición a Moncloa desde la filial de pymes de la CEOE, la Cepyme. Su presidente, Gerardo Cuerva, lamentó la «alarmante intransigencia» del ejecutivo en cuanto a las reformas en el mundo del trabajo, adjudicándose una posición de conocimiento respecto de las realidades económicas del estado. «Nadie en su juicio elimina la opinión de los expertos en la hora de tomar decisiones», critica el representante patronal. Contrapone, en este sentido, los argumentos «técnicos» del capital respecto de la hoja de ruta del ministerio. «Imponen programas ideológicos para poner medidas sin ningún tipo de memoria económica ni valoración», espeta Cuerva.
Una «patronal de partido»
Sin mencionar la Conpymes -ni las organizaciones que la componen- el presidente de la Cepyme pasó al ataque el pasado martes, en una intervención al Foro Nueva Economía, contra el que considera unos cambios al diálogo social con alta carga política. Cuerva, en este sentido, ha compartido las críticas otras instancias del poder económico por el intento de ampliar el alcance de la voz empresarial a las negociaciones tripartitas. «Se quiere cambiar el modelo de representatividad para contar con interlocutores y amigos en un diálogo social a medida», acusa el empresario, tildando los nuevos actores de «sindicatos y organizaciones empresariales de partidos políticos». Las nuevas adhesiones en los espacios de regulación del mundo económico hacen, a parecer suyo, «un daño que no se podrá recuperar».
