Siempre que en España se ha llegado a un acuerdo unánime en la mesa del diálogo social, salen en rueda de prensa cuatro personajes: los secretarios generales de UGT y CCOO y dos presidentes de patronal, el de la CEOE y el de CEPYME. Hasta aquí todo podría parecer normal hasta que te das cuenta que el presidente de la última patronal no acostumbra a hablar y si lo hace sigue la pauta marcada por Antonio Garamendi. Esto se da porque, a la práctica, CEPYME es un apéndice de la Confederación Empresarial y no tiene ningún margen de maniobra para actuar de forma independiente. Tanto es así que desde que existe la mesa del diálogo social nunca ha tenido un posicionamiento diferente al de sus hermanos mayores.
Ante esta situación, varias patronales de la pequeña y mediana empresa de todo el estado -con la catalana Pimec al frente- decidieron fundar Conpymes en 2021, con la voluntad de ser la primera agrupación de pymes de todo el estado. La intención de la patronal, desde el primer momento, fue entrar a la mesa de diálogo social y poder influir desde el punto de vista de los más pequeños. Un hecho que todavía no se ha dado porque no es tan sencillo lograr un asiento en esta mesa, puesto que en el estado no hay legislación suficiente al respeto y se convoca por asunción y notoriedad. De hecho, la única rendija que hay actualmente para poder entrar se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente a la disposición adicional sexta. Esta indica que para poder tener «representación institucional en defensa de intereses generales de los empresarios ante las administraciones públicas», las patronales tienen que representar, como mínimo, un 10% o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal, condición que de la cual ya disfruta Conpymes, pero que de momento no está sirviendo de nada para poder acceder a la negociación.
Doble vía: diplomática y judicial
Ante esta dificultad para empezar a tener voz al diálogo social, Conpymes ha optado por una doble vía: la diplomática y la judicial. Una estrategia que ya siguieron las pequeñas empresas para conseguir este mismo objetivo en Cataluña y conformar el mapa patronal actual, con Foment y Pimec como interlocutores del Govern. Hay que recordar que la patronal entonces presidida por Josep González necesitó más de 10 años de negociación y 8 sentencias judiciales para poder estar sentada con Foment en el diálogo social catalán.
El principal motivo de Conpymes para reclamar esta inclusión a la mesa del diálogo social española es poder representar las pequeñas empresas del país, que supongan el 99,96% del tejido empresarial en el estado. Es por eso que el presidente de Conpymes, José María Torres, asegura que la carencia de presencia de las empresas pequeñas y medias a la negociación con las instituciones no solo los saca la voz, sino que provoca que las grandes empresas puedan legislar sobre las pymes, pero sin contar con ellas. Esto provoca, sentencia Torres, que este 99,96% del tejido empresarial no pueda crecer ni prosperar con normalidad. Además, recuerda que al resto de Europa las pymes son «el doble de grandes» porque ya se ha legislado «pensando en pequeño» y haciendo posible este aumento de la medida empresarial.
Torres todavía va más allá y asegura que actualmente no hay voluntad ni por parte de la CEOE ni de las administraciones para darlos entrada. Aun así, el presidente de Conpymes insiste que tienen que luchar para entrar porque poder negociar y decidir el futuro de las pymes es «fundamental» porque son mayoría y se los haría caso. Este desprecio hacia la capacidad decisoria de las pymes hace sospechar, asegura Torres, que a las grandes empresas no los interese que las pequeñas crezcan.
Estrategia en España: tribunales e interlocución política
Ante la imposibilidad de poder estar «al puente de mando» -como siempre dice Antoni Cañete– Conpymes envió, ya hace dos años, una petición formal al Ministerio de Trabajo para entrar a la mesa, que finalmente fue denegada. Ante la negativa ministerial, la patronal emitió un recurso que fue respondido con el silencio administrativo. Mientras tanto, la patronal ha ido contactando con varios partidos políticos y administraciones y, según asegura Torres, todos les dan la razón y consideran que tendrían que estar sentados a la mesa con la CEOE y romper el monopolio con la CEPYME.
En esta línea, Torres asegura a
Interlocución con Europa
Ahora bien, la batalla judicial en el Estado no será la única que seguirá Conpymes para ser reconocida. Esta vez, la patronal también ha decidido pasar a la acción en el ámbito Europeo y confiar que sea las instituciones supraestatales las que fuercen en España a darlos entrada al diálogo social. En este sentido, las pymes estatales tienen una gran ventaja y es que Antoni Cañete, presidente de Pimec y vicepresidente de Conpymes, también es el vicepresidente de SME United, la unión empresarial a escala europea y que forma parte de la negociación con la UE. Esta influencia podría ser clave para la homologación de la cuestión en el estado. En este sentido, el mismo Cañete ya aseguró que lucharía en Bruselas «por tierra y aire» para conseguir el objetivo de la patronal española.
De momento, afirma Torres, ya se han reunido con varias instancias y siempre que también ven con malos ojos que las pymes no estén negociando con el gobierno español. De hecho, Conpymes ya ha interpuesto una queja ante el defensor del pueblo europeo y ya han enviado cartas a los principales organismos del continente para explicar esta anomalía.
En esta línea, este mismo mes de abril Conpymes celebró un acto ante el Parlamento Europeo en Bruselas para explicar el caso, donde Torres aseguró que la situación española es inédita a Europa. En esta línea, el presidente de la patronal española de la pequeña empresa recordó que la participación de las pymes en la compra pública en el estado es muy inferior a su representatividad.
Además, Torres lamentó que el diálogo social español se ha convertido en “un espacio privado de unos pocos en el cual no se permite la entrada a otros interlocutores sociales”, como por ejemplo las pymes. En su opinión, esta exclusión tiene “una consecuencia directa de la voluntad de las élites económicas, monopolios y oligopolios” que imponen su criterio al resto de los empresarios. En este sentido, el presidente de la patronal española ha señalado que el diálogo social en España está controlado “por las grandes empresas” y que este hecho “tiene una incidencia muy importante en que tengamos poca participación en la compra pública o que se bloquee sistemáticamente un régimen sancionador contra la morosidad”, que ya puerta 23 prórrogas consecutivas.
