Las patronales de las pequeñas y medianas empresas elevan a la Moncloa el choque con la CEOE por su presencia en los órganos de representación del Estado. El presidente de Conpymes, José Maria Torres, y el presidente de Pimec y vicepresidente de la confederación estatal, Antoni Cañete, se han reunido este miércoles con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En el encuentro, le han trasladado el vacío de representación que sufre el tejido de negocio del Estado, que, a su parecer, «no cuenta con una representación real en el diálogo social». La patronal catalana llega a esta reunión en medio de un enfrentamiento de escala con la agrupación de los grandes empresarios españoles, la CEOE. La entidad que preside Antonio Garamendi, cabe recordar, presentó dos recursos contra la silla catalana en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, un derecho recogido en el Boletín Oficial del Estado.
Según Cañete, el sistema actual de diálogo social en el Estado «sobrerepresenta a la gran empresa». Sin ir más lejos, de las seis sillas empresariales en el Consejo de Convenios, cinco están asignadas a la CEOE, mientras que la sexta corresponde a Cepyme, una organización que, a pesar de estar dedicada a las pequeñas y medianas empresas, depende jerárquicamente de la confederación central. En este sentido, el líder patronal catalán asegura que las comisiones públicas «aplican convenios sin ninguna conexión con los negociadores, originando regulaciones que impiden su crecimiento». En la rueda de prensa posterior a la asamblea de Pimec era, de hecho, mucho más vehemente: «la ausencia de pymes en el diálogo social del Estado está detrás del pequeño tamaño de las empresas españolas».
Una cuestión «estructural»
Así, la tesis tanto de Pimec como de Conpymes es que la ausencia de voces como las suyas en los centros de diálogo social en el Estado provoca que se aprueben leyes contrarias a los intereses del mundo de la pyme. Según Torres, la entrada de las pequeñas y medianas empresas en los espacios de negociación económica «es una cuestión estructural, no simbólica». La clave de todo esto, añade, es que pequeños empresarios y autónomos puedan participar en el debate empresarial español «con voz propia e independiente», sin depender de los dictados de la CEOE, como ocurre hasta ahora. «El diálogo social debe ser un instrumento que responda a todas las necesidades, de las grandes empresas, pero también de las pymes y autónomos, si se quiere que cualquier país sea competitivo», ha afirmado el líder de la confederación estatal.
Oposición a las 37,5 horas
Más allá de la reunión con Sánchez, Cañete ha continuado su gira parlamentaria para trasladar a los partidos del Congreso de los Diputados el agravio que, asegura, generaría la reducción de jornada a las pequeñas y medianas empresas. El líder de Pimec y el representante de la entidad en Madrid, Ferran Bel, se han encontrado con representantes socialistas -Pedro Casares, Elisa Garrido y Ferran Verdejo- para trasladar el «no rotundo y la preocupación de las pymes catalanas» con la semana de 37,5 horas. La medida, han razonado los representantes empresariales, «está desconectada de la realidad empresarial y de las necesidades del mercado de trabajo». Además, Cañete califica de «desproporcionadas» las nuevas sanciones por incumplimientos del registro horario; unas multas que van en contra de las demandas de «flexibilidad» que desde hace tiempo lleva por bandera el sector privado. «Faltan medidas como la distribución irregular o las horas extraordinarias», ha defendido, para abordar las necesidades concretas del tejido de negocio del país.
