El tamaño del tejido empresarial catalán es, para el mundo patronal del país, uno de los grandes obstáculos para el crecimiento. Según un estudio elaborado por el Observatorio de la Pyme de Pimec, solo un 0,2% de las empresas que operan desde el principado son grandes. Es menos de la mitad que, por ejemplo, en Alemania, donde la ratio es del 0,5%. “Todo el mundo es un mundo de pymes; pero aquí faltan empresas más grandes”, reflexiona el profesor de económicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio, Oriol Amat. Según la patronal, “esta realidad limita la productividad, la capacidad de inversión, la internacionalización y la competitividad del país”. Para eliminar estos límites, han propuesto más de un centenar de medidas para favorecer la expansión de las empresas del país, articuladas alrededor de una Ley de Impulso al Crecimiento Empresarial, dedicada a “superar el déficit de dimensión” que padece tanto el Principado como el conjunto del Estado español.
Cañete recupera, entre las medidas que ha destacado, algunas reivindicaciones históricas de la patronal, como “una ventanilla única verdadera” para restar trámites burocráticos a las empresas. También exigen una armonización normativa entre las administraciones, para evitar que las pymes del país tengan que enfrentar trámites paralelos, a menudo contradictorios, con diversos niveles reguladores. La eliminación de la burocracia centra buena parte de las reclamaciones que plantea la patronal; desde fijar plazos máximos para la resolución de expedientes administrativos hasta una reducción del costo notarial y registral, que a menudo frena el emprendimiento.
Medidas nuevas y viejas
Según la encuesta publicada por la entidad, el tamaño de las empresas catalanas es síntoma de una enfermedad estructural, que no tiene nada que ver con la voluntad de los emprendedores. Las cifras presentadas por Pimec revelan que siete de cada 10 empresarios del país “quieren crecer, pero tienen problemas para hacerlo”. Se enfrentan, entre otras cuestiones, a barreras regulatorias, una legislación poco adaptada a sus situaciones particulares, impuestos excesivos y un agujero de financiamiento que se agrava en un sistema bancario cada vez más concentrado. “Los empresarios catalanes harían de todo para crecer, pero no se lo permiten. Hay excesivas barreras”, ha denunciado Cañete. En este sentido, ha reivindicado la tarea de Pimec en los últimos años, recordando medidas como el paquete legislativo SME Relief, impulsado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; o la rebaja del impuesto de sociedades a las microempresas, que pasará del 23 al 17% para los primeros 80.000 euros tributados a partir del 2026.
De cara a la relación de las empresas con la administración pública, Cañete también propone reformas que articulen una fiscalidad “justa y tractora”, que facilite las inversiones de las empresas y las encamine hacia el crecimiento. Para Amat, un punto importante es eliminar los desincentivos impositivos a la caja de las empresas. “Es necesario incentivar que las empresas reinviertan los beneficios en crecimiento, innovación y digitalización, en lugar de repartir dividendos”, asegura el profesor. Con la fiscalidad actual, la agencia tributaria obliga a los empresarios a deshacerse de su caja, porque presiona más a las empresas que tienen una ratio más elevada de caja sobre deuda a corto plazo. Esto, sostiene el experto, quita el colchón de seguridad que protege el tejido productivo de sacudidas macroeconómicas: “cuando viene una crisis o estalla una burbuja, las empresas sin tesorería se mueren”, alerta.
Presión a los partidos
Para Cañete, la ley de crecimiento sería un vehículo posible para implementar estas reformas. Sin embargo, “muchas de ellas, si no todas, podrían ir a la ley de presupuestos”, tanto de la Generalitat como del gobierno español. En este sentido, la patronal se ha mostrado preocupada por la falta de acuerdos, a menudo por “motivos partidistas”, para sacar adelante las cuentas públicas. Más aún cuando ni el ejecutivo de Madrid ni el catalán van a tiempo para presentar la que debería ser la ley central de las respectivas legislaturas, que no han podido sacar adelante en los últimos dos cursos. “La ley debe ser un compromiso político con el crecimiento de las empresas, y los presupuestos deben ir en el mismo sentido”, exige Cañete. No ha querido mencionar a ningún partido concreto como objetivo de sus críticas, a pesar de haber sido preguntado explícitamente por la posición de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. “Esperamos que dejen de lado consideraciones partidistas y encuentren un acuerdo para aprobar los presupuestos. Una empresa no funciona sin cuentas, y un estado, tampoco”, lamenta el líder patronal.
