Primeras reacciones tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. En un contundente comunicado, la patronal manifiesta su preocupación y desacuerdo ante la decisión del organismo y advierte de los riesgos para la competencia y para el acceso al crédito de las pymes, y, por tanto, para el conjunto de la financiación empresarial que supone la operación.
«La entidad considera que las medidas acordadas no garantizan ni una protección real y efectiva para las pymes, ni la preservación del equilibrio territorial del sistema financiero. Pimec insta a las autoridades competentes a establecer condiciones a la operación para evitar los riesgos ya diagnosticados, y a implementar mecanismos de seguimiento y supervisión externa que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por el BBVA», señalan en el comunicado. La entidad también hace un llamado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, para que «aproveche la tercera fase del proceso para defender el interés general». Consideran que operaciones como esta son especialmente preocupantes en un mercado financiero con «claros rasgos oligopolísticos y con déficits de competencia ya diagnosticados», como constata el estudio del Observatorio de la Pyme de Cataluña de Pimec.
Cambio de etapa con la mirada puesta en la Moncloa
Una vez conseguido el visto bueno de la CNMC, la principal preocupación del BBVA es ahora mismo lograr el permiso de la Moncloa para efectuar la fusión con el Sabadell -siempre en caso de que consiga llevar adelante la oferta-. La ley de ordenación de entidades de crédito permite al gobierno español evitar la integración de dos compañías del perfil y tamaño de los dos bancos implicados, lo que complicaría enormemente la operativa prevista por el Banco de Bilbao. La directiva vizcaína con Carlos Torres a la cabeza, ha sostenido en las últimas semanas que una compra sin fusión mantendría las sinergias suficientes para hacer rentable la compra. Una postura que no comparte el gobierno vallesano, que considera que la adquisición “hace tiempo que ha descarrilado” y niega los beneficios de la operación en estas condiciones.
