Lo Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y varias PAH de Cataluña han hecho pública este martes una nueva ofensiva judicial contra los fondos buitre que incumplen la ley antidesahucios catalana y no ofrecen alquileres sociales a las familias vulnerables antes de intentar desahuciarlas. En este contexto, las organizaciones aseguran que hay dieciséis fundes buitre que todavía no ofrecen la posibilidad de hacer un contrato de alquiler social antes de echar a los inquilinos vulnerables de casa suya. Esta estrategia nace fruto de la colaboración del movimiento por la vivienda y las abogadas que obtuvieron una primera sentencia condenatoria contra una gran tenedora que no ofreció alquiler social a una familia cuando le correspondía por ley.
Las entidades han pedido públicamente a la conselleria de Justicia y en los colegios de la abogacía de todo el territorio, responsables del turno de oficio, que garanticen abogados de oficio para interponer demandas a los grandes tenedores y que ofrezcan recursos y formación a los profesionales del turno de oficio para poder ofrecer la asistencia jurídica que la ciudadanía necesita para garantizar sus derechos. De este modo, quieren coger el éxito de la sentencia de Badalona el pasado 29 de noviembre en conseguir interponer la demanda declarativa del derecho a reclamar el alquiler social.
Un juez les da la razón
«Entendemos que si una jueza ya ha condenado un gran tenedor a ofrecer y firmar un alquiler social, es porque todos los juzgados podan y tienen que hacer cumplir las medidas de una ley que, hasta ahora, han querido entender como
