“El liberalismo también son reglas, también es un conjunto constructivo”, proclamó el pasado sábado en el Foro Re(I)nnovem del Instituto Ostrom Juan Ramón Rallo, decano de la Universidad de las Hespérides y profesor de las universidades Francisco Marroquín, la IE University y la IE Business School. Autor de diferentes manuales de consulta obligada para liberales despiertos y el tercer economista más influyente del mundo en la jungla digital, solo por detrás de las eminencias Paul Krugman y Yanis Varoufakis, Rallo suma y multiplica casi un millón de seguidores en su canal de YouTube.
A las diez de la mañana, ciento cincuenta personas -casi todos jóvenes, casi todos hombres- llenaban la sala habilitada de un céntrico hotel de Barcelona para escuchar a Juan Ramón Rallo, que había querido titular su conferencia «El liberalismo en 2024. Las ideas pueden cambiar el mundo». Empresarios, universitarios, estudiosos, economistas, políticos o aspirantes a cualquiera de estas categorías no querían perderse la intervención del joven economista que determina tendencias y adhesiones en el mundo de larga tradición liberal.
Juan Ramón Rallo no pudo estar presente y compartió ingenio en una videoconferencia, en la cual desgranó entre “instituciones formales” -reglamentos, códigos, leyes, normativas y aquellos que deben hacerlas cumplir- e “instituciones informales” -tradiciones, religiones, cultura, moral… Las ideas liberales forman parte de esta segunda categoría. Rallo las reivindicó, frente al catecismo marxista, como “motor de la historia” que condiciona las instituciones formales y limita los abusos políticos y económicos. “La batalla de las ideas para transmitir principios liberales influye en los valores y a su vez facilita el impulso tecnológico y económico”. “Es una batalla que se debe dar porque es nuestro granito de arena para mejorar la sociedad y se debe hacer generación tras generación”, remató.
Crecimiento empresarial, economía verde y administración pública
Después de esta primera intervención, se fueron encadenando las mesas redondas, que abordaron el relanzamiento del crecimiento empresarial en Cataluña, los retos y las oportunidades de la transición energética y la economía verde, y la reforma de la administración pública.
En la primera participaron Cristina Pruñonosa, directora de la Oficina de Gestión Empresarial e impulsora de la Ventanilla Única Empresarial; Mercè Conesa, CEO de la asociación empresarial Barcelona Global, y David Garrofé, empresario, miembro de Fem Vallès y de la junta directiva de Mútua de Terrassa.
Pruñonosa explicó qué es esta ventanilla única, que pretende “resolver las necesidades de nuestros clientes”, a menudo desbordados y agobiados por una selva normativa y una lasaña administrativa que disuaden a los más audaces. Conesa desgranó las dificultades que debe intentar vencer cualquier intento de negocio en Barcelona: “barreras burocráticas, barreras fiscales y acceso a la vivienda”. Garrofé definió el Estado como “un socio obligado y robusto de cualquier empresa, que desde el comienzo no nos lo pone fácil”. Reivindicó recuperar la ilusión colectiva y denunció que, si tuvieran la oportunidad, la mayoría de los empresarios catalanes venderían el negocio. El empresario enumeró los problemas que debe intentar superar cualquier proyecto en este ámbito: “hiperregulación, cambios frecuentes en la normativa, fiscalización selectiva, lentitud exasperante en la resolución de conflictos, carencias en infraestructuras y escasa inversión pública en innovación”.
Los ponentes de la segunda mesa, sobre transición energética, fueron Carmen Gimeno, secretaria general de GEODE; Virginia Guinda, vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, vicepresidenta de Foment del Treball y presidenta de la Comisión de Energía de esta entidad; Susanna Grau, directora de la Autoridad Catalana de la Competencia, y Pau Vila, empresario del sector del papel y presidente del Instituto Ostrom.
Cataluña, ni energías renovables ni productividad
Gimeno contextualizó la situación europea y explicó que, a raíz de la crisis de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha acelerado el despliegue de las energías renovables para reducir las dependencias del gas ruso. La secretaria general de GEODE explicó los nuevos retos de la nueva Comisión presidida por Ursula von der Leyen. A su parecer, propondrá nuevos precios energéticos y moderará la velocidad de la Agenda Verde, una situación que permitiría a Cataluña “hacer los deberes pendientes”. Guinda pidió a los asistentes que lean el Informe Draghi y constató que mientras que en España las energías renovables han aumentado en los últimos años el 40 por ciento -“no es el caso de Cataluña”, que está a la cola de todo- la industria solo ha crecido el 1 por ciento. Esta mejora, pues, no condiciona la productividad”.
Virginia Guinda afirmó también que Foment está a favor de la moratoria nuclear, una propuesta que fue rebatida por Pau Vila, según el cual a raíz del accidente de Fukushima las medidas de seguridad que deben regular las centrales encarecen excesivamente el precio de esta energía: “Solo con subvenciones estatales puede competir con las fósiles y las renovables”. El mismo Vila definió el crecimiento de estas últimas como “una gran oportunidad”, pero que en Cataluña se ha frustrado hasta ahora por “una regulación excesiva y una judicialización de cualquier pequeño conflicto aún más insoportable”: “Hemos perdido una década por unas normativas que, en todos los ámbitos, suman más de 100.000 páginas, que tienen más grosor que altura la Sagrada Familia”. Susanna Grau pidió al sector público más responsabilidad: “Debe fijar objetivos, debe planificar estrategias y debe ejecutarlas con acierto”.
Muchas reglas, pero poco observadas
La última mesa, que abordaba la reforma de la administración pública -eternamente pendiente o ejecutada con resultados que provocan más molestia que servicio-, reunió a Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; Germà Bel, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Investigación en Economía Aplicada, y Elena Costas-Pérez, doctora en Economía por la Universidad de Barcelona y socia de KSNET, empresa especializada en la transferencia de conocimiento y la evaluación de políticas públicas.
La ironía siempre afilada de Germà Bel -celebrada por los asistentes- acompañó la displicencia crepuscular e inteligente de Guillem López Casasnovas y las aportaciones que intentaban resultar constructivas de Elena Costas-Pérez.
Germà Bel comenzó fijando el marco autóctono que nos condiciona: “Nuestra tradición administrativa viene del derecho napoleónico, que, al contrario que la nórdica, partidaria de pocas reglas pero observadas, pretende fijar muchas reglas pero poco observadas. Esto contempla excepciones para que las cosas funcionen, pero estas excepciones refuerzan el poder”. Bel sentenció que las comisiones que se forman ante cualquier problema “acaban siendo inútiles para la acción efectiva”, porque “el sector público vive dentro de una nube y dentro de la certeza de que aquí no pasa nada”.
Para el exdiputado, “harían falta reformas profundas, pero ninguna de las partes involucradas, ni comisiones ni políticos, ve un beneficio, sino un riesgo evitable”. Dado que a su parecer, “tampoco hay una demanda social que exija cambios, el único remedio posible debería ser la vía penal, la modificación del código penal para castigar los incumplimientos y las incompetencias, una eventualidad que paralizaría las administraciones, provocaría el big bang y haría que apareciera esta demanda social”. Mientras tanto, Germà Bel propuso continuar con “las prescripciones clásicas”, probar “el radicalismo selectivo”, que definió como “llevar un cambio, solo uno, hasta el final”, y mejorar “el soporte tecnológico de las administraciones”.
Guillem López Casasnovas definió, como todos los otros participantes, el mal de las administraciones públicas como la “alta regulación”, que “no tiene solución”. El catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona concluyó que se mira con pesimismo las propuestas de reforma global. Elena Costas-Pérez, sin embargo, concretó una de las vías para intentar mejorar la situación: “Soy partidaria de las evaluaciones en la implementación para lograr objetivos públicos”, que a su parecer se han demostrado útiles en diversos casos.
Juan Ramón Rallo y Ernest Pérez-Mas
Por la noche, el Instituto Ostrom celebró la entrega anual de sus premios al liderazgo intelectual y empresarial, con una cena de gala que reunió a representantes de las principales patronales catalanas y políticos, entre los cuales estaba el consejero de Empresa y Trabajo. Miquel Sàmper intentó restablecer la confianza perdida a lo largo de décadas remarcando el compromiso de su gobierno “con la reducción de la burocracia y la simplificación administrativa para erigir a Cataluña en un ecosistema empresarial e industrial altamente atractivo”. En las mesas había quienes comentaban que, si hubiera asistido a las mesas redondas, el consejero quizás no habría recurrido a los brindis a la esperanza habituales.
Los dos galardonados en esta convocatoria fueron, por un lado, el empresario y presidente de Parlem Telecom, Ernest Pérez-Mas. Pérez-Mas ha creado el primer gran grupo de telecomunicaciones de origen catalán y ha logrado situar a Parlem Telecom entre los líderes en cuota de mercado de servicios generalistas de telecomunicaciones. Por otro lado, Juan Ramón Rallo, que por la noche sí asistió a su homenaje y que fue reconocido por su trayectoria intelectual y académica.
