La suspensión de la cotización de Naturgy ahora hace dos días confirmó las alertas de todos los mercados. La información publicada por La Vanguardia, que apuntaba a «conversaciones preliminares» entre CriteriaCaixa y un fondo internacional para ejecutar una Oferta Pública de Adquisición sobre la energética. Un nuevo riesgo sobre la autonomía estratégica española que, durante unas horas, elevó la cotización de la firma de Francisco Reynés en un punto, antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores se viera obligada a intervenir a la espera de confirmar los movimientos. La firma de servicios públicos de los Emiratos Árabes Unidos Taqa confirmó pocas horas después unos primeros contactos que todavía estaban lejos de materializarse. Las aproximaciones, pero, han servido para escalar la demanda de uno de los valores más relevantes del Ibex-35.
A cierre de la sesión de viernes, el precio del título de Naturgy se sitúa a céntimos de los 23 euros. En solo tres días, la energética española ha escalado cerca de un 10%, más de dos euros, gracias al interés del mercado en la inversión de los Emiratos. Si bien Taqa se ha esforzado a remarcar que «no ha habido ningún tipo de acuerdo» encara por títulos de la multinacional, y que «no hay ninguna garantía que se implemente ninguna operación», las alertas desde Abu Dabi no han conseguido enfriar el mercado. El precio de la acción se ha mantenido a niveles similares durante las últimas dos jornadas, con incluso ligeras alzas desde los poco menos de 22,60 euros que reabrieron la cotización de la firma al parqué madrileño. Justo es decir que ha logrado picos más elevados que el que registra a final de viernes: durante las primeras horas del jueves, en una cumbre incluso comparada con las últimas jornadas, frotaban los 24 euros, unos niveles comparables a los del 2023, en medio de la crisis de la inflación energética que elevó los títulos de la empresa.
Resistencias desde Moncloa
La sombra de la OPA sobre el capital de Naturgy llega en un momento de cambio estratégico para el gobierno español. Después de la entrada del fondo soberano de Arabia Saudí en Telefónica, y la subsiguiente adquisición mediante el SEPI de la principal telco española, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha roto con creces el tabú de la propiedad pública de empresas estratégicas. El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha estado especialmente prudente desde el anuncio, haciendo un llamamiento a «fortalecer grupos que son estratégicos»; como es el de la energía, y garantizar que su operativa encaje con los intereses españoles. Más abierto ha sido el titular de economía, Carlos Cuerpo, que ha subrayado la «clara intención» por parte de Moncloa de «proteger los intereses estratégicos» del Estado, empresa para la cual «tienen los instrumentos necesarios». Cuerpo, pero, ha puesto sobre la mesa diversas vías para sostener a Naturgy la agenda española: la vía Telefónica, una entrada en el capital de la empresa, aparece junto a la reacción a la fusión Orange-MásMovil, que supuso «una serie de requisitos porque se mantengan las inversiones y la ocupación» en el territorio. Cierto es que, en un contexto de incertidumbre por el acceso a hidrocarburos, el energético es «un sector particularmente importante»; hecho que tensa todavía más la situación para el ejecutivo de Madrid.
Choque al diálogo social
Más allá de la reacción del gobierno español, los principales agentes económicos y sociales del Estado han hecho evidente la batalla por el relato en cuanto a la defensa de los intereses españoles en la cuestión energética. El secretario genera de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha apresurado el Consejo de Ministros a «salir del viejo anatema que el Estado no puede tomar posiciones mediante la compra de acciones sobre sectores estratégicos». A su lado, el secretario general del sindicato en Cataluña, Javier Pacheco, ha recordado que la adquisición de capital de empresas consideradas imprescindibles para cubrir las necesidades de la ciudadanía no es una jefa novedad. «Lo hace todo el mundo», relata Pacheco, exigiendo que el sector público haga suyos «todos los sectores estratégicos en los cuales se dirimirán las posibilidades y el futuro de España». A la otra banda del diálogo social, el presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, no solo ha sacado hierro a la cuestión, sino que ha defendido el control de la energética española por parte del capital de los Emiratos. Garamendi, en declaraciones a los medios, ha negado que la inversión de Taqa suponga «ningún peligro» para la autonomía del Estado. «Al revés, porque posiblemente consolida todavía más la apuesta de Naturgy por el crecimiento», teoriza el jefe de los empresarios.
