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Multa de 30.000 euros a Glovo por discriminación en la selección de personal

Inspección de Trabajo propone sancionar a Glovo con 30.001 euros por hacer preguntas íntimas para acceder a un puesto de trabajo. La empresa de reparto solicita conocer en los cuestionarios de las ofertas laborales la orientación sexual, la identidad de género o la etnia, un hecho que la autoridad laboral considera una falta “muy grave” de discriminación de acceso al empleo. 

La investigación de este caso sobre los procesos de selección de trabajadores comenzó en el mes de octubre, pero Glovo asegura que aún no ha recibido la notificación de la propuesta de sanción. La empresa asegura que la encuesta es “totalmente voluntaria y anónima”, y que no tiene ningún efecto en el proceso de selección, pero Inspección de Trabajo sostiene que son aspectos de la vida personal que deben quedar fuera del ámbito de la empresa. 

En las ofertas de trabajo que todavía hay en la web de la empresa figura un cuestionario con preguntas como por ejemplo cuál de las opciones describe “mejor” la identidad de género, con las respuestas siendo “Prefiero no contestar”, “Queer / género fluido”, “Hombre”, “No binario”, “Mujer” o “Me identifico de otra manera (por favor, especifícala)”. En este sentido, Glovo explicita que la encuesta “ayuda a entender la cartera y asegurar que todos los candidatos tienen igualdad de oportunidades durante el proceso de contratación”.

El CEO de Glovo, Òscar Pierre / ACN
El CEO de Glovo, Òscar Pierre / ACN

Los conflictos de Glovo

Este no es el único problema laboral que enfrenta Glovo. En diciembre del año pasado se anunció que la plataforma contrataría a los repartidores tras años de batallas judiciales y multas. Esta decisión llegó un día antes de que su CEO, Òscar Pierre, declarara como investigado por obligar a sus repartidores a hacerse autónomos para trabajar en la plataforma. Pierre defendió el modelo de riders que sostenía la empresa, pero alegó que la decisión se había tomado para no “seguir manteniendo conflictos jurídicos y laborales” con los sindicatos.

La primavera pasada la fiscalía ya presentó una querella contra Pierre por su modelo de contratación de autónomos al considerar este tipo de relación laboral fraudulenta, según una sentencia del Tribunal Supremo. Durante las declaraciones de Òscar Pierre la fiscalía criticó la ausencia de “organización de trabajo propia” de los riders, ya que dependen completamente de las plataformas internas de Glovo.

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