La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado finalmente la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. El organismo presidido por Cani Fernández ha dado su visto bueno a la operación tras una reunión maratoniana de la Sala de Competencia, celebrada este mismo miércoles. Este veredicto se ha adoptado por unanimidad, tal como informa el ARA y ha podido confirmar este medio. Según ha confirmado en un comunicado esta tarde, ha impuesto una serie de condiciones para la operación -unas, sin embargo, que el mercado interpreta como accesibles para el Banco de Bilbao-. Entre otras cuestiones, la CNMC aborda los posibles problemas de crédito a las pymes, la principal preocupación del mundo empresarial. La primera valoración reguladora que necesita la entidad vasca llega después de once meses de estudio exhaustivo, atendiendo la «elevada complicación» de la compra. Permanece, sin embargo, a la espera del gobierno español, que ahora tiene en su mano abrir una potencial fase 3 e imponer sus propias condiciones -siempre que estas no estén relacionadas con el ámbito de la competencia-.
La aprobación ha llegado después de horas de desánimo. Varios medios madrileños daban por hecho el sí de la Comisión, y lo habían adelantado a primera hora de la tarde. El organismo, sin embargo, ha tenido que rectificar varias veces, y en un momento se llegó a plantear que dejaba el dictamen para el próximo lunes, una vez hubiera pasado el puente del Día del Trabajador en Madrid. El revuelo se había producido a raíz de la cancelación del encuentro del pasado lunes debido al apagón general que sufrió la península Ibérica. Tal como adelantaban varias fuentes del mercado a Món Economia, sin embargo, Fernández no quería continuar con el análisis más allá del mes de abril. Finalmente, el organismo ha cumplido sus plazos -eso sí, a última hora-.
A la espera aún del documento definitivo, que detalle las condiciones que finalmente se han impuesto a la operación, los matices que haya podido establecer Competencia abren la puerta a la intervención del gobierno español. En concreto, el ministerio de Economía tiene 15 días hábiles a partir de este mismo miércoles para decidir si salta a la conocida como fase 3, el estudio en Consejo de Ministros. Cabe recordar que, en todo caso, La Moncloa no puede imponer condiciones adicionales en el ámbito de la competencia, dado que la autoridad designada ya ha emitido su veredicto. Sí puede, sin embargo, introducir cambios por otros motivos, como el equilibrio territorial, la garantía de la accesibilidad financiera o razones de bien común.
La principal preocupación del BBVA radica en el permiso de La Moncloa para efectuar la fusión con el Sabadell -siempre en caso de que consiga sacar adelante la oferta-. La ley de ordenación de entidades de crédito permite al gobierno español evitar la integración de dos compañías del perfil y tamaño de los dos bancos implicados, lo que complicaría enormemente la operativa prevista por el Banco de Bilbao. La directiva vizcaína con Carlos Torres a la cabeza, ha sostenido en las últimas semanas que una compra sin fusión mantendría las sinergias suficientes para hacer rentable la compra. Una postura que no comparte el gobierno vallesano, que considera que la adquisición «hace tiempo que ha descarrilado» y niega los beneficios de la operación en estas condiciones.
Sufrimiento empresarial
Aún a la espera de los detalles de la resolución, la principal fuente de conflicto entre el mundo empresarial y el regulador ha sido el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Las patronales catalanas han hecho énfasis en las ingentes pérdidas de acceso a financiamiento que podría causar la fusión. Según los cálculos de Foment del Treball, el agujero de la OPA podría elevarse por encima de los 75.000 millones de euros, especialmente concentrados en Cataluña y en el País Valenciano. Cabe decir que el BBVA se ha abierto a introducir ciertas garantías temporales de préstamos para pequeñas y medianas empresas. Entre otras cuestiones, proponían sostener las líneas de crédito a las empresas que se queden con solo un prestador -el BBVA- durante un mínimo de tres años, que las autoridades podrían ampliar a cinco. La iniciativa no ha satisfecho al Sabadell, ni tampoco al tejido empresarial. De hecho, tras este compromiso, Pimec llegó a pedir que Competencia bloqueara completamente la operación.
Mal ambiente bursátil
Según fuentes del mercado consultadas por este medio, el tiempo juega en contra del BBVA. El avance de la cotización de ambas entidades es favorable al Sabadell, que ha ganado más de un 1,5% en el parqué de Madrid en el último mes, mientras su potencial comprador ha perdido cerca de un 1,5% del valor. A pesar de que la correlación entre ambas entidades es próxima -como siempre que hay una OPA con intercambio sobre la mesa- la evolución es favorable a los intereses catalanes. Desde el pasado 31 de enero, de hecho, la prima por la venta ha desaparecido, y no ha hecho más que variar en contra de los intereses vascos. Según los cálculos de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell, la brecha corresponde a un 6,9% de la capitalización del banco vallesano, poco más de 948 millones de euros, al precio del último cierre de mercado.
Este agujero podría complicar la aceptación de la OPA. El presidente de la entidad que agrupa a los minoristas, Jordi Casas, confirmaba en una entrevista con Món Economia que «a este precio, la oferta no tiene sentido». No es una percepción que quede circunscrita al 48% de accionistas minoritarios: el consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, ha expuesto a menudo ante los periodistas que los fondos institucionales también dudan del beneficio de acudir a la oferta. «A este precio, no lo ven», declaraba el directivo durante la presentación de los resultados anuales de 2024. Así, incluso en un escenario en el que la OPA siga adelante, los costes de capital para el BBVA pueden ser ingentes. En caso de que complete la compra con solo un 50,1% de las acciones, según reconocía en un informe ante el regulador bursátil de los Estados Unidos, se expone a un impacto de 62 puntos básicos en su ratio CET, que dejaría el colchón económico de la compañía en torno a los 1.000 millones de euros, respecto de los más de 2.000 que contabiliza tras el balance del primer trimestre de 2025.
