El sector de los pisos turísticos ha declarado la guerra a la Generalitat ante la normativa que abre la puerta a que las licencias de las Viviendas de Uso Turístico se extingan. Según explicó este martes Apartur (la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona), se han presentado reclamaciones patrimoniales por valor de 4.282 millones de euros.
Apartur ha agrupado las reclamaciones de 7.200 titulares de pisos turísticos, la gran mayoría de la demarcación de Barcelona, con la capital catalana, Sitges y municipios del Maresme, entre otros. Según detalló el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, las reclamaciones podrían dispararse hasta los 7.000 millones de euros en toda Cataluña. En el caso de Barcelona, la intención del gobierno de Jaume Collboni es extinguir -no renovándolas- unas 10.000 licencias en 2028.
La Generalitat dispone de seis meses para resolver
Desde el momento en que las reclamaciones patrimoniales se hayan presentado, la Generalitat, a través del departamento de Territorio, dispondrá de seis meses para resolver los expedientes, pero lo más probable es que el caso acabe en los tribunales.
Alcántara ha reclamado al Gobierno que revise el decreto ley aprobado hace un año que elimina las licencias existentes y obliga a los ayuntamientos a desarrollar una normativa para los pisos turísticos, que se distribuirán en libre concurrencia, es decir, no directamente a los propietarios actuales.
En opinión de Apartur, la normativa «destruye un sector regulado» que tiene un impacto fiscal directo de 160 millones de euros y genera una actividad económica de 345 millones. Además, ha añadido, pone en riesgo 5.000 puestos de trabajo del personal de administración y mantenimiento que se encargan de los 100.000 pisos que hay en Cataluña. El representante sectorial también ha advertido que las grandes ferias y congresos no se podrán celebrar sin la oferta del 40% de las camas turísticas que representan estos apartamentos.
